Juez ejecuta desalojo en El Espino

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Los desalojados reciben la solidaridad de organizaciones sociales. /Foto de Diana García.

76 familias de la comunidad El Espino fueron finalmente desalojadas esta semana de los terrenos reclamados por la familia Dueñas. Los habitantes se mantienen con sus pertenencias en la calle, esperando el amparo gubernamental.

Por Diana García

En la mañana del 16 de mayo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron el desalojo de 76 familias de la comunidad El Espino por orden del juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Antonio Palma, quién aseguró que desde julio del año pasado estaba extendida la orden de desalojo, ya que los terrenos son propiedad privada.

Por el momento los habitantes de la comunidad no tienen un lugar para habitar y se han ubicado en espacios del arriate entre sus antiguas casas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde han colocado sus pertenencias.

La mayoría que no tiene a dónde irse se ha instalado en las aceras de la cale fuera de la comunidad. /Foto de Diana García.
La mayoría que no tiene a dónde irse se ha instalado en las aceras de la cale fuera de la comunidad. /Foto de Diana García.

“Nos han pisoteado como han querido, nos han sacado debajo del agua con nuestros niños, adultos mayores, gente que no puede caminar y que se les ha subido la presión por todo lo que está pasando. Nuestros niños están perdiendo el año escolar”, comentó Carolina Montano, una habitante del Espino.

El litigio entre la comunidad y la familia Dueñas lleva más de 20 años. En 2017 se ordenó el mismo proceso de desalojo, sin embargo, no se llevó a cabo gracias al un amparo otorgado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó al Gobierno evaluar y buscar una solución habitacional para las familias de esta comunidad.

La policía impide el ingreso de los medios de comunicación al interior de la comunidad. /Foto de Diana García.
La policía impide el ingreso de los medios de comunicación al interior de la comunidad. /Foto de Diana García.

Hasta hoy esa resolución no ha sido cumplida y la orden del juez Palma se materializó pese a la medida cautelar dictada por Sala de lo Constitucional de la CSJ, que prohíbe el desalojo de las familias mientras no tengan garantizada una segura y digna reubicación. “Nadie de nosotros queremos dinero. Queremos una vivienda digna en la zona. No podemos exponer a nuestros hijos a un lugar desconocido por cómo está la situación”, concluyó Montano.

El ex rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y actual director del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA,) el padre José María Tojeira, ha denunciado las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los habitantes de esta comunidad y ha mantenido el acompañamiento de sus habitantes.

En la madrugada del viernes 18 de mayo la familia Dueñas ingresó maquinaria pesada para derribar las casas de los residentes, pese a que todavía hay personas adentro. Ver video.

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