El 18 de diciembre de 2008, la Asamblea Legislativa decidió exonerar a los pescadores artesanales del pago del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL). Sin embargo, pescadores y cooperativas pesqueras de San Luis La Herradura no han podido reclamar su derecho de ser eximidos de este impuesto ya que desconocen o no cumplen los requisitos.
Misael Molina tiene 45 años y comenzó, hace sólo siete, un negocio de ecoturismo en el estero de Jaltepeque, en el departamento de La Paz. Para su primera embarcación, la Aventurera, y un buen motor tuvo que hacer un préstamo familiar y endeudarse con más de 7 mil dólares, pero su trabajo fue reconocido por los hoteleros de la zona. Tanto así que la demanda de clientes le llevaron a incluir a su hijo de 23 años, Felipe, dentro de la actividad y hacer uso de otra embarcación. La Aventurera II, le llamaron.
Ambos tienen un trato muy cordial con las personas y han aprendido del estero por el estero mismo y de elocuencia por los turistas. Visten muy elegantes y- ambos con cinturones Pierre Cardin, zapatos de vestir y camisas formales- llevan consigo un reproductor de DVD portátil para mostrar a sus clientes de hoteles cercanos de qué trata el verde recorrido. En la pantalla, visten calzonetas y camisetas, el mismo atuendo que ocupan para ir en busca de pescados o cazar punches cuando no hay turismo.
No importa lo que hagan. Encender el motor para ir a tirar la atarraya a alta mar o mostrar los manglares “y la belleza de la naturaleza nacional a los veraneantes” les implica gastar gasolina que incluye “la contribución especial” destinada al FOVIAL. Los Molina dicen que nunca han intentado hacer los trámites para ser exonerados del pago de este impuesto. “Nosotros estábamos conscientes que estábamos pagando, pero nunca habíamos pensado [hacer] nada. Seguimos pagándolo y sin hacer nada más”, manifiesta Misael Molina, que a sus 45 años dice tener muchas deudas y se hace de las temporadas altas de turismo y las oportunidades de pesca para poder saldarlas.
El FOVIAL es un proyecto gubernamental que estableció un impuesto de 20 centavos de dólar por galón de combustible que va destinado a la conservación, mantenimiento y señalización de la Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible, o sea alrededor de 5 mil 519 kilómetros de tramos pavimentados y no pavimentados. Este proyecto, creado en noviembre del año 2000, contiene cuatro programas primarios de mantenimiento: el rutinario, el periódico, el de puentes y obras de paso, y el de señalización y seguridad vial.
Los turistas extranjeros reconocen, y los salvadoreños se enorgullecen de tener las mejores carreteras de Centroamérica, sin embargo las municipalidades desean mejoras en sus caminos. Según Jorge Aguilar, sub director de Fiscalización de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, para diciembre de 2009, el FOVIAL había recaudado 68.1 millones de dólares. Según un documento de beneficios del fondo de la vía nacional, el financiamiento se sostendría con equidad ya que, con el impuesto, “todos los que usan la red vial aportan para su conservación” y la focalización iría dirigida a todo aquel que “usa y deteriora la red”.
La estrategia fue práctica. Para sostener al FOVIAL, el impuesto encontró su mecanismo ideal para su implementación en el recurso principal que el transporte terrestre utiliza para funcionar: el combustible. Sin embargo, esto afectó también, entre otros, al sector pesquero.
Los pobladores de La Herradura, como ellos le llaman, recuerdan que durante el calor de la campaña presidencial, el ahora Presidente de la República Mauricio Funes visitó el municipio. Ahí utilizó como herramienta de propaganda el proyecto de ley “impulsado por el FMLN” que exoneraba a los pescadores en general de pagar el gravamen. En realidad, según Aguilar, la ley no excluía a nadie al principio; pero la Corte Suprema de Justicia estudió y se expresó en el caso de los buques de pesca y pesca artesanal en el 2005.
En diciembre del 2008, con 77 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen. Para encargarse de este nuevo proceso, se nombró como responsable a la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El ex presidente Antonio Saca aprobó la modificación a la Ley hasta en marzo de 2009.
El mayor de los Molina lo sabe. Sin embargo, por cada viaje que hace en su lancha, gasta más de siete galones de combustible. En las distribuidoras locales, le venden a tres dólares con 45 centavos el galón de gasolina regular. Es decir, de casi 30 dólares que cancela, más de 1.40 son de impuesto. “Y eso que nos extendemos para que las personas conozcan mucho y se vayan satisfechas”, expresa Misael.
El recorrido que realizan muestra el Estero de Jaltepeque, La Isla del Cordoncillo, los veleros internacionales y la isla Tasajera. Los navegantes apagan el motor para que se puedan escuchar los sonidos de las aves locales y migratorias, y, se niegan a salir cuando hay fuertes vientos porque, según ellos, “el turista no disfruta”. Los Molina no toman cerveza y nunca han tenido un accidente. “Semana Santa, y las vacaciones de agosto y diciembre es cuando más turistas llegan. De ahí, esto pasa solo”. Felipe, uno de los cinco hijos de Misael, llega a promocionarse a los hoteles locales en bicicleta pero, si no es temporada alta, él y su padre, se dedican a la pesca artesanal. Aunque no forman parte de una cooperativa pesquera, se van a “anzuelear, a tirar la red o cualquier cosa” y venden la libra del pescado en 0.80 centavos de dólar.
Si deciden pescar cada semana, gastan alrededor de siete dólares en combustible. Misael Molina habla por él y su hijo cuando confiesa “nos pusimos contentos cuando supimos que nos iban a quitar el FOVIAL. Pero nos dimos cuenta que había que hacer muchos trámites y, debido a eso, ya no seguimos pensando nada”.
Los trámites tienen que llevarse a cabo en las diferentes oficinas de CENDEPESCA ubicadas, en este caso, en San Luis La Herradura. “Muchos de ellos no están haciendo uso del beneficio que se les dio para ser exonerados del impuesto”, explica Lourdes Méndez, de la Dirección de Comunicaciones de CENDEPESCA, “los pescadores tienen que cumplir con ciertos requisitos”. Méndez indica que la idea del Gobierno no es afectar negativamente a los pescadores artesanales, sino promover el desarrollo sostenible y cumplir la Ley.
Para gozar de esta medida, la institución encargada extiende el Documento de Identificación para la exoneración de la contribución para la Conservación Vial (DIF). Si un pescador pretende obtener ese carné por primera, vez la emisión es gratuita. Al ser renovado, el DIF cuesta el 0.04% del salario vigente mínimo. También se requieren la matrícula de la embarcación y una proyección anual de compras de combustible a utilizarse en las actividades extractivas de pesca-con detalle del consumo general y por cada embarcación. Además se debe proporcionar el nombre del propietario y la dirección del establecimiento donde el pescador se provee de combustible.
Muchos pescadores no pueden obtener este beneficio porque no están registrados, no han matriculado sus embarcaciones y tampoco tienen el permiso de extracción. En la casa donde atracan las lanchas de la Cooperativa Brisas de Jaltepeque, hay lechuzas, tortugas y guacamayas. Lo que no poseen los cinco botes de la cooperativa son los documentos necesarios y no todos los 29 pescadores, que conversaban en hamacas, tienen permisos de extracción. “Por eso tenemos que pagar el FOVIAL”, indicó José Ramírez, líder de esa cooperativa, “ya que los cambios en la directiva han desordenado los registros y ya no hemos podido renovar los permisos”.
Pero no es solo la ilegalidad la que les lleva a no buscar la exención del FOVIAL. También hay desinformación. Abel Pineda trabaja en una gasolinera localizada a la entrada de la costera San Luis La Herradura. Sin embargo, desconoce el proceso de exoneración del impuesto vial. “Yo he visto que todos los pescadores de acá pagan el FOVIAL. Además, no sé cómo es que no lo van a pagar”, afirma Pineda.
Frente al mar, en una hamaca, se mecía Santos Merino quien es dirigente de la Cooperativa San Antonio Los Blancos: la conforman 24 pescadores en siete embarcaciones. Junto a él había un perro que no se percató de la entrevista. Bronceado por el sol, Merino, conocido por el Chele Santos, denuncia algunos percances. “Los pescadores pagamos el FOVIAL. No nos han dado el formulario para llenar, así que esto se quedó en pláticas nada más”, asegura. Merino dice que ningún representante del Gobierno se ha acercado sino que ellos deben esperar la respuesta de la Federación de Cooperativas Pesqueras Artesanales de El Salvador (FECOPADE), a quien ellos están asociados y de quien desconoce las pláticas que llevan a cabo.
Y es que la idea de exigir al Gobierno que le perdonaran al sector pesquero fue una iniciativa propuesta de FECOPADE y, como representante del sector industrial, de la Cámara Salvadoreña de Pesca y Acuicultura (CAMPAC), perteneciente a la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO). Las cámaras contienen a las empresas industriales de agricultura y pesca más grandes en El Salvador y están más organizadas que el sector artesanal. La industria posee los documentos necesarios y goza del beneficio de no pagar el impuesto de las calles porque no navega en ellas.
CENDEPESCA tiene cifras muy interesantes de las diferencias entre los sectores artesanal e industrial. Para el año 2006, antes del alza del precio de los combustibles y de la crisis económica mundial, el sector pesquero industrial de El Salvador-eximido del pago del FOVIAL- obtuvo en 59 embarcaciones más de 43.5 millones de dólares. Utilizando cientos de embarcaciones por todo el país, al sumar la pesca marina y continental, la ganancia total de la pesca artesanal conjunta alcanzó, en el mismo año, 21.8 millones de dólares. Menos de la mitad que el industrial. San Luis La Herradura contribuyó con menos de 607 mil dólares. Y la mayoría pagó el FOVIAL.
Según el ex titular del MAG, Mario Salavaerría, la exención del FOVIAL significaba una “inyección directa de 4 millones de dólares anuales al bolsillo del sector productivo, permitiéndole reducir los costos de operación y mejorar su nivel de competitividad”. Esta medida iba destinada tanto al sector artesanal como al industrial. Pero, en San Luis La Herradura, las cooperativas aún siguen pagando como si sus lanchas rodaran por las calles.
Méndez hace un llamado a los pescadores artesanales a no tener miedo, pues “los requisitos [que pide CENDEPESCA] garantizan que no venga un aprovechado a utilizarlos para tener un beneficio que es de ellos”. Mientras, Misael y Felipe Molina esperan a sus turistas clientes internacionales y nacionales. Según dicen, cuando no están pescando, más de 50 extranjeros los buscan para hacer el tour en lancha. Esperan que, con el tiempo, se resuelva esta problemática. Eso sí: en sus lanchas aventureras no se ve nada. En el horizonte, tampoco.