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Después de un mes de haber entrado en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública la  Subsecretaría de Transparencia y Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) afirmaron que las expectativas para una demanda mayor de solicitudes de información dependerán de una educación a la ciudadanía con respecto al tema.

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Antes de que la Ley de Acceso a la Información entrara en vigencia, las autoridades que se involucraron en la iniciativa opinaron que no tendría mucha demanda. Sin embargo la Subsecretaría de Transparencia por medio del subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, afirmó que en el primer mes se han recibido 52 demandas diarias en 71 instituciones.

Carmina Castro, analista de institucionalidad democrática de  FUSADES,  concluyó que los datos recogidos no son significativos con respecto a otros países que pusieron en vigencia este tipo de ley, los cuales sobrepasan las cifras de centenas por día. Recalcó que no hay que alarmarse con respecto a los datos duros, sino que es un proceso que ha tenido un buen comienzo.

Sin embargo, Silvia Orellana, oficial de información de la Defensoría del Consumidor (DC) expresó que la DC abrió su Oficinas de Información y Respuesta (OIR) en 2010, pero que después de la aprobación de la ley la cantidad de solicitudes ha bajado, en lugar de haber subido, como ellos esperaban. “A lo mejor el promedio mensual se mantiene, pero talvez nosotros esperábamos más solicitudes”, añadió.

Orellana apuntó sólo hubo dos solicitudes de información en el mes junio, pero también explicó que la ley es nueva y hay que esperar a que las campañas de información que generen las autoridades correspondientes ayuden a que la población conozca la ley y ejerza su derecho a la información.

Con respecto a este tema, la analista Carmina Castro recalcó que  la población debe perder temores que fueron gestados hace mucho tiempo. “Creo que la ciudadanía va a entender paulatinamente que puede pedir información, que es su derecho y que a la vez es una responsabilidad”, dijo.

Por otra parte, Rodríguez apuntó que a pesar que aún no se  tiene una institución que haga valer el derecho, esto no debe detener a la población para pedir información y hacer reclamos. “La gente puede anteponer sus reclamos en caso de que la información (dentro de lo permitido por la ley) sea respondida en dos lugares: en la Corte de Cuentas y en la Corte Suprema de Justicia”, aclaró.

La ley aún es nueva en muchos sentidos. El subsecretario Marcos Rodríguez agregó que a pesar de que han sido 71 instituciones de las cuales 63 tienen su información en una base de datos en Internet, hay muchas instituciones que no aplican en la ley sobre la publicación de documentos.