La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) complica el panorama económico salvadoreño, por el impacto que se tendría en los próximos meses, justo cuando el plazo final venza en septiembre del próximo año.

Por Katherine Acosta y Mario Rogel

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, alrededor de 195,000 salvadoreños amparados por el TPS tendrán que regresar al país en septiembre de 2019. Los analistas prevén que esto afectará la economía del país antes de esa fecha, con el alza en el envío de remesas, con tal de acumular dinero suficiente para sostener la economía familiar, o, al contrario, con la disminución de esas remesas.

El Banco Central de Reserva (BCR) calcula que la cancelación del TPS no generará mayor impacto hasta 2021, cuando los deportados se hayan establecido nuevamente en El Salvador. El TPS no solo brindó estancia segura a los migrantes, sino también empleos seguros.

Para el sociólogo e investigador de la UCA, Carlos Monterrosa, “el Estatus de Protección Temporal, fue cancelado porque la administración actual tiene una serie de acciones de no permitir el ingreso de migrantes de diferentes países en específico. Lo han hecho con personas del Medio Oriente, del Caribe y ahora con personas de Centroamérica, porque les consideran como grupos conflictivos en la sociedad”.

Los antecedentes delictivos encontrados en los expedientes de los países aludidos, son factores que crean miedo y desconfianza en el Gobierno estadounidense. No obstante, Monterrosa también afirma que estas acusaciones son un “mito”, porque los amparados por el TPS no representan una amenaza para Estados Unidos.

Foto por Mario Rogel. Saira Barrera comentó que la administración “Trump” mantiene un instrumento discursivo utilizado para tener un ambiente de temor y angustia.
Foto por Mario Rogel. Saira Barrera comentó que la administración “Trump” mantiene un instrumento discursivo utilizado para tener un ambiente de temor y angustia.
Por su parte, la catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA, Saira Barrera, afirmó que lo que debe cuestionarse no es el cuándo volverán, sino por qué deben hacerlo, si todos los habitantes generan riqueza a su país. A su vez, sostuvo que El Salvador no está preparado para recibir a todos los beneficiarios del TPS.
 
Otro catedrático e investigador del Departamento de Economía de la UCA, Juan López, sostiene que en estos últimos meses, los amparados por el TPS se enfocarán en mandar la mayor cantidad de remesas posibles, ya que el fin último de su migración es conseguir trabajo para mejorar y ayudar a la economía familiar en El Salvador.
 

López asegura que el retorno de tantas personas complicaría la situación del empleo en nuestro país, ya que la gran mayoría de los salvadoreños residentes en el país no tienen un empleo formal. También comenta que algunas de las personas retornadas podrían tener algún tipo de estudio o experiencia adquirida en Estados Unidos, lo que les facilitaría la obtención de un empleo en El Salvador, pero otras tal vez no.

Monterrosa prevé un mayor apoyo en el Congreso de los Estados Unidos hacia las organizaciones de migrantes y latinos que están dentro del país. Ante ello, recalca que es necesario buscar mecanismos legales para apoyar a los migrantes, ya sea buscando la ciudadanía o algo más que les permita la permanencia prolongada en el país nortamericano.

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