Mareros extorsionan a pequeños distribuidores

Alma Natalia Zepeda
Periodista

No dan la cara, pero sus órdenes se cumplen. Los vendedores reciben el mensaje de que deben entregar el dinero en determinada tienda de la colonia, si no la cuenta de los días que seguirán vivos está contada. La policía, por supuesto, está fuera de la jugada.

Foto: Cortesía de Leonel Hernández Cargamento de pan. Los vendedores alistan el producto que será despachado y distribuido en los diferentes establecimientos.

José (nombre ficticio por su seguridad), de 56 años, es distribuidor independiente de una importante panadería, con larga trayectoria, en el área de San Salvador. Él se levanta a las cuatro de la mañana para dirigirse al trabajo, y desde el día anterior deja cargado el camión con el pan, porque así puede partir temprano.

Él es el responsable de recorrer unas 25 tiendas en el área de Ilopango, San Salvador. Comenta que a sus 26 años de trabajar con la empresa ya tiene ganada una buena clientela. Sin embargo, desde hace unos meses sus ventas han bajado: “Tengo meses de tener problemas con las pandillas. Cuando voy a algunas tiendas de Ilopango, me toca dejar una cuota semanal que ya ha sido acordada con los mareros. Cuando uno es nuevo, los pandilleros le llegan a dejar a uno un papel a la tienda, y el dueño o la dueña se hacen cargo de dárselo al vendedor”.

En el papel, asegura José, se encuentran escritas las condiciones que los pandilleros exigen a los vendedores para dejarlos comerciar en su zona de operación. Es raro que el vendedor tenga contacto frente a frente con los mareros, casi siempre es por medio de los propietarios de las tiendas que se les advierte del peligro. Ellos de la misma forma reciben el dinero de la extorsión. En la zona de Llano Verde, Ilopango, se debe pagar cuotas de seis dólares semanales, y hasta de 17 dólares mensuales.

Las pandillas en El Salvador, conocidas como maras, surgen en la década de los 70`s cuando algunos jóvenes, de los barrios pobres, comenzaron a unirse y a formar grupos que no pasaban de 50 integrantes. Pero el auge mayor sucedió en los años noventa, luego de firmados los Acuerdos de Paz, en 1992, ante la llegada de miles de inmigrantes ilegales que vivían en Estados Unidos. Estos fueron repatriados a Centro América, y entre ellos venían integrantes de pandillas. Entonces, poco a poco, fueron conformándose la Mara Salvatrucha, La Mara 18 y la Mara Mao Mao.

A la fecha, El Salvador ocupa el primer puesto en muertes violentas en América Latina, le siguen Honduras, Guatemala y Colombia. Se registran más de 12 asesinatos diarios. Sólo en el 2005, se reportaron 3,761 asesinatos, la mayoría de estos fueron atribuidos a las pandillas.

Los vendedores en pequeño no quieren formar en el 2006 parte de las cifras que contabiliza la Policía Nacional Civil. Por tanto, pagan las extorsiones. Otro sector agobiado por el mismo problema es el de transporte público. El pasado 16 de agosto, el gremio aceptó públicamente que se ha visto forzado a negociar con los líderes de las pandillas para que respeten sus vidas, tras 60 asesinatos de su personal en lo que va del año.

Los transportistas de San Miguel fueron todavía más lejos en la presión al gobierno, hicieron un paro en oriente, el 14 y 15 de septiembre. La medida fue apoyada también por los buseros de La Unión. Alrededor de 300 unidades dejaron de operar, afectando la economía local y el tránsito de personas.

Por su parte, el ministro de Gobernación, René Figueroa, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, declararon que el problema de la delincuencia en el sector transporte se debe al tema de la competencia entre los mismos empresarios. Esto es desmentido por los señalados.

La vida cuesta $6

Pedro, otro vendedor de la empresa de José, entiende el miedo de los transportistas. A él le toca recorrer colonias como Montes de San Bartolo cinco, Villa de Jesús de Soyapango, San José y Valle Verde de Apopa, en San Salvador. ¿La extorsión? Seis dólares semanales. “A nosotros nos cobran la renta en una tienda específica, porque así se ha hecho el acuerdo. No llegan al camión. Así ellos después pasan a recoger el dinero a la tienda”, cuenta Pedro. “Si uno no ha llegado a pagar la renta, ellos lo buscan a uno y le preguntan si está de acuerdo o no en pagar; si uno no lo está, lo más seguro es que termine muerto”.

Entre los comerciantes, a veces, se avisan cuando en la ruta se encuentran los mareros. Sobre todo lo hacen con los compañeros que no han cancelado lo exigido. En la estrategia de sobreviviencia participan, por ejemplo, los que andan los camiones de leche.

Ávila pidió a la población “denunciar a los extorsionistas, ya que sus nombres quedarán en el anonimato y sólo serán identificados con un código. A partir del pasado primero de septiembre, la gente puede llamar al 2202-0000.

Asimismo, ARENA propuso, en la Asamblea Legislativa, aumentar las penas a los extorsionistas. El PCN se le unió. La idea es que en vez que pasen en la cárcel 12 años sean 15 o 20, si el delito fuera cometido por dos o más personas o miembros de una agrupación, asociación u organización ilícita. Y si lo hacen desde la prisión, el culpable recibiría igual condena.

Pero los políticos fueron más lejos en su proyecto, ya que contemplan castigar también a la persona que sabe que se producirá una extorsión y no informa a la víctima o a la autoridad. Para ella se piensa una sanción de seis meses o un año de cárcel. Esto, según Sigfrido Reyes, miembro de la bancada legislativa del FMLN, no resuelve el problema y criticó la falta de un plan eficaz para enfrentar a las pandillas. “En El Salvador se han fijado leyes cada vez más extremas, pero las pandillas no han sido erradicadas, los asesinatos no han bajado y la población sigue teniendo miedo”, dijo el político. Y para sustentar más su posición recordó el fracaso del “Plan Mano Dura”, lanzado por el entonces Presidente Francisco Flores, en el 2003, y después el “Plan Súper Mano Dura”, promovido por el actual Presidente, Elías Antonio Saca.

El cierre de empresas

Ante el panorama tan desalentador, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador solicitó al mandatario, a la Asamblea Legislativa y a la PNC, buscar una solución inmediata al problema.

“Muchas empresas están cerrando operaciones y el resto de la población vive atemorizada al no sentir el apoyo de las instituciones, legalmente constituidas para este fin”, señaló la Cámara de Comercio en un comunicado.

Pedro sigue atento a la discusión política y al actuar de la policía, pero ni uno ni otro evitan que sus ingresos se reduzcan cada día. Las tiendas ya no alcanzan a comprar debido al impuesto que deben pagar a los pandilleros, incluso la mayoría ha cerrado y de 11 clientes que visitaba en una colonia, ahora sólo tiene tres. “Cierran sin decirnos nada, se van del país o se cambian de casa, pero ni su rastro dejan”, señala el vendedor.

El gerente general de la Panadería de José y Pedro, quien pidió omitir su nombre también por seguridad, admitió que su empresa está siendo golpeada por las extorsiones de los pandilleros y ve con escepticismo la capacidad de la policía. No cree que ésta los proteja, porque en la zona donde venden y hay mareros casi no observan agentes. En consecuencia, Pedro no tiene más alterativa que hacerse “chero” de los pandilleros para ganarse su confianza, y así evitar que le cobren.

Las ventas en rutas bajaron un 5% ante el clima de inseguridad y temor entre los empleados y las personas con tienda. “Tratamos de evitar las zonas en las que hay maras, aunque haya buenos clientes. En otros casos, cuando vamos a estas zonas los clientes se van, cierran sus negocios y nosotros nos quedamos sin venta”.

No obstante, la policía dice estar trabajando por la seguridad de los ciudadanos. El 22 de agosto pasado, se presentaron a los 200 agentes que frenarían el accionar de las pandillas en el Centro de San Salvador, donde se producen gran parte de las extorsiones. Uniformada o de civil, la autoridad está dispersa en las zonas más “vulnerables” de la capital. O sea, que las áreas de trabajo de José y Pedro tendrán que esperar para entrar en el listado de prioridades de la jefatura de la PNC.

José, padre de cuatro hijos universitarios, comenta que no dejará su empleo aunque sus hijos se lo pidan. “Esto es lo que a mí me gusta hacer, toda la vida he vivido de esto. Y Pedro, con dos hijos menores de edad, dice no tener otra alternativa para alimentar a su familia. Ellos seguirán con el mismo ritmo, viviendo el estrés de cada día, no el de la mayoría, si no el de temer que su empresa cierre o si regresarán con vida. Al parecer, los extorsionistas tendrán la última palabra.