A la espera de la justicia divina

Por: Fidel Cañas
Periodista

Comenzó a besarle el cuello, el busto. Ella lloraba y le pedía detenerse. No lo hizo. Él era el pastor de su iglesia. Las víctimas de abusos, por parte de líderes religiosos, deben librar una gran batalla para romper el silencio. Debido a la falta de pruebas o al tiempo transcurrido, desde la violación hasta la denuncia, los acusados son con facilidad puestos en libertad. Entonces solo queda la justicia divina.

Foto:Fidel Cañas Un porcentaje de agresiones sexuales perpetradas por llíderes de iglesias queda en la impunidad debido al silencio de las víctimas.

“Le pedí a mi hermano que no me dejara sola. Solo me dijo que nada podría pasarme, que era el pastor de la iglesia”, recuerda Guadalupe Reyes, de 27 años. Así comenzó el relato 12 años después, con un cigarrillo en lamano y sin poder ocultar la ansiedad que la embarga.

Eran las 7.30 de la mañana de un jueves cuando el pastor llegó a su casa. Le pidió un café y la siguió a la cocina, donde la abrazó. “Comenzó a besarme el cuello… Me quedé inmóvil. Me tocó los senos, las piernas, los glúteos. Para ese entonces, yo tenía 15 años y no pude hacer más que llorar y solo le decía: no, no quiero. El pastor solo rió y me dijo: Mi amor, ¿no te gusta?. No escuchó mi llanto, no le importó las veces que le dije que se fuera. No se detuvo. Me violó”.

Actualmente, el pastor continúa predicando en la iglesia. Debido a que la denuncia no llegó a las instancias judiciales, él nunca fue procesado. Al preguntarle sobre Guadalupe Reyes, dijo que la conocía muy poco y al decirle que se retiró de la Iglesia porque él se sobrepasó, no quiso dar más declaraciones: “Todo fue un invento de ella. Mi congregación me conoce”.

En cada servicio, se escucha la alabanza ‘Renuévame, Señor Jesús’. “Recuerdo esa canción, porque fue el último día que fuimos con mi mamá a la iglesia. Hace mucho tiempo que dejé de asistir a las iglesias. Ya no creo en eso”, dice la víctima, cuya mirada se pierde hacia la calle y la lluvia que cae. “Mi mamá pidió hablar con él, puesto que ya le había contado y quiso ir a confrontarlo. Nos reunimos en las sillas del frente del templo. Estaba él, su esposa y mi mamá. Mientras hablábamos, su esposa lo veía con mucho enojo. Él lo negó todo, dijo que yo estaba inventando cosas. Reconozca que tiene un problema, pida ayuda, dijo mi madre al final. Nunca más regresamos”.

Luego la madre solo la abrazó y dijo: “Esperemos la justicia de Dios, hija”. No lo acusaron en la policía, no hicieron nada. Solo dejaron que el tiempo pasara. Semanas después, dos amigas la visitaron: “Guadalupe, sé lo que te pasó. Nos fuimos de la iglesia, porque eso nos pasó a nosotras también”. Las tres se abrazaron y lloraron.

El camino del anonimato

El encargado del Área de Familia, de la Policía Nacional Civil (PNC), Jairo García Arévalo, sostiene que de enero a mayo de este año se han reportado 82 denuncias de maltrato y violencia sexual hacia menores de edad, sector que representa el 42% de la población salvadoreña. “Esta cifra supera en 20 casos en el mismo período en el 2006”, puntualizó. “De ellos, un 15% ó 20% son de dirigentes de iglesias”.

Según las estimaciones de la autoridad, por cada violación de líderes religiosos hay seis o siete de ellas que permanecen en el anonimato. García cuestiona que los ofendidos no buscan las instancias legales para denunciar las violaciones, “debe hacerse para que haya una mayor efectividad en la aplicación de leyes en contra de los culpables”.

El abogado Mauricio Trejo, con 15 años de experiencia, ha llevado procesos de violación donde están involucrados religiosos y sabe que en este tipo de agresión no logra mayor avance, ya que los abusados y abusadas en el proceso judicial son victimizadas y acosadas, a través de los interrogatorios. Ellos y ellas tienen que repetir su experiencia ante el abogado, ante el jurado y muchos de esos cuestionamientos no respetan la privacidad de los menores.

Trejo afirma que las situaciones donde sí existen pruebas y los líderes religiosos son procesados judicialmente, representan un pobre porcentaje en relación a los denunciados con un abogado o instancia legal, y es más reducido comparado con los que permanecen en el anonimato. “De los casos que tengo conocimiento y según encuestas de los tribunales, un 10% de ellos se resuelven a favor de las víctimas, a lo largo de 2007”, sostuvo.

Rafael Orellana es un joven que sufrió una violación a sus ocho años de un líder de un ministerio juvenil de evangelización. Después de armarse de valor, comentó lo sucedido a su padre y madre. La familia esperó 10 años para poder denunciar, pero se retractaron por el incómodo procedimiento judicial al que sometieron al hijo. El acusado hoy vive en los Estados Unidos.

El procedimiento legal es que el menor tiene que ir a declarar y contar lo que sucedió. Esto se repite en el juicio, frente a más personas; además de las preguntas fuertes y directas de los defensores del sospechoso, quienes querrán desvirtuar al denunciante. La familia, la mayoría de veces, prefiere no incomodar más al pequeño/a con más presiones o sufrimientos. Otro inconveniente para Arturo Campos, abogado del Juzgado de Familia, es la posible falta de pruebas, puesto que las víctimas cuentan a su padre o madre lo que sucedió mucho tiempo después, y ya no existe evidencia física del daño.

Especialistas en el área de Derechos Humanos, como Carlos León Ramos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, IDHUCA, sostienen que lo que se debería aplicar son políticas sociales a los abusados y políticas criminales a los agresores. Es decir, marcos legales que promuevan anonimato, no exponer al menor a contar su historia muchas veces, un procedimiento que incluya terapias psicológicas, que sea más integral para la salud física y mental del perjudicado y la aplicación directa y sin distinción de las leyes hacia los victimarios.

“El Salvador presenta un alto índice de maltrato sexual hacia los y las menores de edad, sector que representa más del 42% de la población salvadoreña”, señaló el analista en Derechos Humanos. El Código de Familia y la Ley Procesal de Familia se limitan a la parte judicial, sí existe denuncia.

In profundis: desde las víctimas

Orlando Cuéllar, psicólogo y terapista del Sistema Básico de Salud Integral de El Salvador, SIBASI, afirma que en sus nueve años de experiencia ha recibido pacientes que sufrieron violencia sexual por parte de líderes religiosos. “A ellos y ellas no les queda más que la resignación: o se refugian en la religión o se salen por completo de ella”, sostuvo. La mayoría de casos son de difícil recuperación, puesto que el violador es alguien que predica principios religiosos y morales, y es admirado por la congregación.

Foto: Fidel Cañas Entre las secuelas de este tipo de crimen está la pérdida de confianza hacia la autoridad religiosa.

Campos señaló asimismo la amenazas que sufren las víctimas y el abogado Trejo apunta que “no importa la edad que tengan, la influencia que estos líderes tienen hace que callen y no digan la verdad. Los intimidan de manera directa, con amenazas; o de forma indirecta, mediante chantajes emocionales”.

La confianza que los agredidos lograron tenerle a los religiosos puede perderse para siempre. “En el fondo, sufren una carga grande de culpabilidad, pues se sienten responsables de lo que el violador cometió, puesto que, como lo ven con una investidura santa, sienten que fueron ellos los responsables directos de despertar esos deseos -sexuales- en alguien que es admirado y respetado por todos”, comentó Cuéllar. Es muy difícil salir de este trauma, pero es posible con ayuda psicológica, terapias grupales o individuales y la ayuda de la familia en conjunto. Un factor importante es que la víctima perciba que su familia cree en él o ella.

Marleny de González, pastora asociada de las Asambleas de Dios, aceptó que lo único que hacen es retirarles la licencia de pastor. “Solo les dicen que ya no pueden predicar ni ejercer en ningún otro lugar, definitivamente”.A lo largo de sus 26 años de ejercicio pastoral, sí conoce situaciones similares a la que sufrió Reyes, pero no sabe de algún líder espiritual que haya sido llevado ante la justicia. “Simplemente pasa a las manos de Dios”, puntualizó.

Javier Bolaños, miembro del Consejo Directivo de las Asambleas de Dios, únicamente expresó que no conoce de casos reportados de violación. Tampoco la feligresía del pastor, a quien admiran y respetan. Cuando se les cuestionó acerca del ausentismo de Reyes y las otras dos menores, afirmaron que se “descarriaron”, es decir, se fueron del camino correcto. “Pero estamos orando para que regresen”, comentó Alicia Campos, de 82 años y con23 de asistir a la iglesia.

Javier Domínguez, pastor del Centro Internacional de Alabanza, CIA, dijo que sí ha escuchado de abusos similares. Condenó el hecho e insta a los padres de familia a establecer lazos de comunicación y confianza con sus hijos e hijas. Pero el abogado Campos fue más lejos: “Los abusos contra la niñez seguirán, mientras las leyes se apliquen de manera endeble”. Y es de la postura que no es necesario endurecer el espíritu de las leyes salvadoreñas, más bien hay que aplicar con rigor dichos contenidos, independientemente del procesado, no importa si es pastor evangélico o sacerdote católico.

En el 2007, dos sacerdotes de Morazán fueron acusados de delito sexual. Juan Alfonso Medrano Cruz, de 54 años, de Jocoro, a quien la justicia sobreseyó provisionalmente, aunque la Fiscalía General de la República dice que pedirá la reapertura del proceso porque considera que hay suficientes elementos de prueba. El otro es del sacerdote de Joateca, Antonio Murcia Cabrera, de 60 años, absuelto de los cargos de agresión sexual y acoso contra ocho menores. El Arzobispado de San Salvador, Fernando Saénz Lacalle, alegó conocer el estado de los procesados.