“Creo que hay mucha más sensibilización respecto al peligro de las armas por parte de la ciudadanía”: Marcela Smutt

Edson Flores
Redacción

2005 fue el año que ubicó a El Salvador como el país más violento de la región. Las cifras hablan por sí solas: a diario se cometen entre 11 y 12 homicidios, para una tasa de 30 por cada cien mil habitantes, y el 65% de los homicidios son perpetrados con armas de fuego, según los datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Foto: Edson Flores "el programa Sociedad sin Violencia del PNUD esta realizando sus acciones desde el año 2001"

La delincuencia abona aún más datos para dibujar la situación de inseguridad y el uso de armas en este contexto. Según estadísticas del Viceministerio de Seguridad Pública y Justicia y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 16 de cada 100 habitantes sufrieron asalto a mano armada durante el año pasado. Además, el 78.3% que fue víctima de este delito recibió impactos de bala; para el año en curso, la cifra ha aumentado al 79%.

Como una respuesta al problema, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del programa “Sociedad Sin Violencia”, ha puesto en marcha iniciativas que, al menos, lanzar propuestas que ayuden a lograr una reducción en las cifras y hacer conciencia en los peligros del uso de armas por parte de la población civil.

Es sobre estas iniciativas que la argentina Marcela Smutt, directora del programa, habla en esta entrevista con Comunica, destacando los resultados en dos municipios en los que se ha trabajado de manera coordinada con alcaldías, sociedad civil y entidades gubernamentales: San Martín e Ilopango.

¿Qué resultados se han obtenido de las iniciativas de desarme en la población salvadoreña?

Por una parte, me gustaría tomar carta de los resultados de las investigaciones, que marcan claramente que en El Salvador hay un elevado número de armas en manos de población civil. Se calcula que en el país circulan unas 450 mil armas de fuego, de las cuales el 60% está en situación de ilegalidad. Los resultados de la investigación muestran también que las armas, lejos de ser un factor de protección, como muchas veces se cree, son un factor de riesgo. A través de la sistematización de base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC), hemos identificado también que una persona, cuando intenta defenderse con una arma de fuego tiene cuatro veces más posibilidades de salir herido o muerto en una situación de violencia.

Si no existe un programa como tal, sino iniciativas, ¿qué tipo de acciones son las que han realizado?

Se han apoyado una serie de campañas de comunicación. Recordará la campaña “Armas ni de juguete”, “Armas nadie gana”, “Espacios libres de armas”, etc., y una serie de iniciativas a través de los medios de comunicación. Se han trabajado también con escuelas, generando habilidades para el manejo de situaciones conflictivas y tratando de sensibilizar sobre el impacto de las armas de fuego.

¿Qué impacto han tenido estas campañas de comunicación en la población?

Creo que ha habido una sensibilización muy alta en la población en este momento. Los medios de comunicación, por ejemplo, marcan mucho más el tema de la presencia de las armas de fuego en las distintas situaciones de violencia, por un lado; y por otro lado, hay mucha más sensibilización, creo, respecto al peligro de las armas por parte de la ciudadanía.

¿Cuál es la situación actual, según sus estudios, de las armas en el país?

Cuando empezamos a trabajar, en el año 2001, las encuestas nos decían que el 54% de la población estaba en contra de la tenencia y portación de armas de fuego, en estos momentos las encuestas de La Prensa Gráfica dicen que un 85% de la población está a favor de prohibir la portación de armas.

En un trabajo que tenemos en unos municipios hemos identificado que el 90% de la población en San Martín e Ilopango está a favor de prohibir la portación de armas. Creo que la población está mucho más sensibilizada respecto a las armas como un factor de riesgo; creo que se ha incidido en esto, que en realidad es un mito, que las armas no protegen, se ha mostrado con datos científicos y ha sido ampliamente difundido.

¿Podría comentar un poco acerca de esa iniciativa de los municipios antes mencionados?

Se llama “Municipios Libres de Arma”. Es una experiencia que se está desarrollando en San Martín e Ilopango, junto al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la PNC, se han incorporado las alcaldías de los dos municipios, sus consejos municipales, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), escuelas y una parte muy activa de la comunidad.

Este proyecto ha empezado con promulgar una contravención municipal que restringe la portación de armas en los espacios públicos. A partir de esto, la PNC, las alcaldías y las organizaciones que trabajan a nivel local han hecho monografías, identificando las zonas de mayor impacto de violencia armada, y han iniciado planes de fiscalización y requisas de armas.

¿Qué se ha obtenido de estas fiscalizaciones y requisas?

En los primeros cinco meses del año anterior, que es normalmente cuando se hacen las comparaciones de acuerdo a los datos publicados por un medio local, en San Martín se estaría registrando un 40% de reducción de homicidios por arma de fuego y también se identifica una reducción de otros delitos que involucran otras armas de fuego.

¿Cuál es el apoyo que reciben por parte de las instituciones de gobierno? ¿O ustedes brindan el apoyo a estas instituciones?

El PNUD viene apoyando instituciones nacionales que trabajan tanto en el tema de violencia armada como temas de seguridad ciudadana. En el caso concreto, el tema de armas de fuego, que se empezó a trabajar desde 2001, el PNUD ha apoyado el desarrollo de investigación, campañas de comunicación, ha dado asistencia técnica a instituciones y a grupos de ciudadanos que trabajaron en talleres participativos y en la elaboración de un anteproyecto de reforma de ley de control de armas.

¿Qué tanto auge han tenido estas propuestas al ser presentadas en la Asamblea Legislativa para su aprobación?

Este proyecto fue presentado por un grupo de ciudadanos al Presidente de la República, al Ministro de Gobernación, a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, y algunas de las recomendaciones realizadas por el grupo han sido consideradas a propuestas de reforma de ley, otras no han sido consideradas. El caso del incremento de la edad para adquirir licencias o matrículas, han sido tomadas en cuenta. Además, el número de armas que puede adquirir una persona, también ha sido reducido, pero hay otras que no.

En este sentido, creo que algunas cosas han sido consideradas, en otras falta caminar, y en esas líneas creo que se está yendo. Pero el programa “Sociedad Sin Violencia” apoyado por el PNUD, ha apoyado también al gobierno y a instituciones del Estado a trabajar en la elaboración de un borrador, una propuesta de política de seguridad y conciencia ciudadana, lo cual será un insumo y el Estado verá qué cosas toma.

Entonces, en lo legal, ¿cuál es el papel que juega el PNUD?

Nosotros, en el caso de presentación en la Asamblea, ha sido concretamente el apoyo a este grupo. Como PNUD, no elaboramos ni proponemos en la Asamblea, no es nuestro rol, pero hemos apoyado elaboración de iniciativas que obviamente tratan de incidir en determinadas políticas.