Familiares de desaparecidos denunciarán al Fiscal General

Por Natalia Zepeda
Periodista

Luego de dos años de solicitar justicia y no obtener respuesta sobre las violaciones a los Derechos Humanos de seis personas desaparecidas durante el conflicto armado, las familias y organizaciones de apoyo pondrán una demanda la próxima semana, contra Félix Garrid Safie, el Fiscal General de la República, quien lleva los casos en la dependencia que dirige.

Foto: Natalia Zepeda Guadalupe de Mejía, de CODEFAM, aseguró de que existen más de diez mil personas desaparecidas, de los cuáles solo nueve se encontraron en 1986.

La denuncia se hará en el marco de la semana “del Detenido y Desaparecido”, del 25 al31 de mayo. El coordinador de Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y abogado asesor del Comité de Víctimas de Derechos Humanos (CODEFAM), David Morales, aseguró que la Fiscalía no ha dado respuesta sobre alguna investigación en concreto que haga esclarecer los casos.

“La denuncia la presentamos en agosto del año 2006 y fundamentalmente la situación del caso es que el Fiscal General de la República se ha negado a investigar las desapariciones, con lo cual tenemos la conformación de otros delitos”, explicó el abogado.

De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al cual El Salvador se encuentra suscrito, se establece, en el artículo 32 del Protocolo Adicional I, que toda persona tiene derecho a recibir información sobre el paradero de sus parientes desaparecidos en el conflicto. De igual manera, establece en el artículo 26 del IV Convenio de Ginebra, que las partes en conflicto deben facilitar el trabajo de las organizaciones que desempeñan la tarea de búsqueda.

Según Morales, el Fiscal General o sus auxiliares tienen el deber jurídico de investigar y de obrar, pero si no lo hacen, entonces incurren en el delito de omisión de investigación.

La coordinadora del Área de Memoria de CODEFAM, Guadalupe de Mejía, aseveró que muchas veces al tratar de conocer cómo van los casos, siempre les dan una respuesta diferente. “Primero, nos dijeron que el Fiscal se lo pasó a otro fiscal; luego, que todavía no lo habían estudiado. Después mandaron a llamar a dos madres para entrevistarlas, y el colmo fue que hace un mes no encontraban el expediente”, comentó De Mejía.

El Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) estableció que, entre 1980 y 1982, hubo 34 mil 131 desaparecidos, pero aseguran la cifra siempre aumenta.

Foto: Natalia Zepeda David Morales, de FESPAD, adjudicó la obligación del Estado en la reparación a las víctimas.

Antonia de Cabrera, de 63 años de edad, del Comité de Madres y Familiares Cristianos (COMAFAC), busca una explicación sobre el paradero de su hijo Douglas Cabrera Morales, quien desapareció a la edad de 18 años en Ayutuxtepeque, San Salvador. El era estudiante del Instituto Nacional de la Zacamil, en la década de los 80`s. La madre aseguró que jamás han obtenido respuestas a sus preguntas. “El Estado nunca ha tenido voluntad política de brindarnos ayuda, al contrario, nos han reprimido”, confesó De Cabrera.

Por otro lado, el abogado Morales sostuvo que la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad que se caracteriza por ser un delito permanente, es decir que se prolonga con el transcurrir del tiempo, mientras no se establezca el paradero de la víctima, ya sea vivo o muerto. “Las desapariciones forzadas de personas ocurridas en la guerra, continúan ocurriendo el día de hoy. Esto hace que ante el delito de la desaparición forzada no puedan operar algunos artificios legales que han sido construidos para proteger a los grandes violadores de Derechos Humanos, como ejemplos: las amnistías o la figura de la prescripción”, explicó Morales, quien aseguró que esto pasa en El Salvador, cuando se fabrican obstáculos hasta que el proceso prescriba.

Por norma del DIH, no se pueden aplicar las medidas de prescripción y amnistía a los casos que ocurrieron durante el tiempo de la guerra. En base a esto, las denuncias de los seis casos de jóvenes desaparecidos aducen como responsables de los crímenes a los altos funcionarios de Defensa en la época de los 80’s: el general Guillermo García y el general Eugenio Vides Casanova y también al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el coronel Rafael Flores Lima. “Pedimos que sea investigada esa estructura y que se indaguen los delitos concretos de estas desapariciones”, sostuvo el abogado Morales.

Carlota Hernández, de 49 años de edad, familiar de cinco personas desaparecidas y dos hermanos asesinados, consideró importante luchar ante tales injusticias y aseguró no perder la esperanza. “A mí no me dio tiempo ni de llorarlos, pero sé que algún día, si Dios me presta vida, todos van a saber qué pasó aquí”, expresó la pariente.