Río Sapo: las comunidades contra una represa

Diego Murcia, Daniel Valencia y Edith Portillo
Redacción

En el municipio de Arambala, Morazán, ni los pobladores ni el propio alcalde recién electo, Antonio Díaz, de ARENA, están de acuerdo con que en el río Sapo, calificado área natural protegida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se construya una represa hidroeléctrica.

Foto: COMUNICA La construcción de la presa del Río Sapo, implicaría el desplazamiento forzoso de cerca de 85 familias y que subsisten gracias a los recursos naturales que obtienen de dicho afluente.

Cuando se les pregunta a los pobladores, el “no” hacia este proyecto, impulsado desde 2001 por la compañía ENECO S.A. de C.V., viene acompañado por un ceño fruncido.

“No vale la pena pagar un costo tan alto”, dice Eugenia Orantes, propietaria del comedor Santa María, ubicado en la calle principal de Arambala. Ella, al igual que los vecinos de otros tres poblados cercanos, ven con preocupación el hecho de que la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (SIGET) haya dado el permiso a la empresa a finales de 2005; y que el MARN haya hecho lo mismo a finales de 2004, según confirmó el gerente de ENECO, Jorge Díaz.

“El proyecto ya se aprobó y ya se está desarrollando. Incluso ya hay una contratación para la obra civil. SIGET ya nos ha dado permiso y Medio Ambiente ya avaló el estudio de impacto ambiental”, asegura.

Cuando a Díaz se le pregunta si necesitan o no permiso de la municipalidad de Arambala para realizar un proyecto de este tipo en los terrenos administrados por la alcaldía, tal y como lo explica el Código Municipal, responde con un “no que yo sepa. No lo necesitamos”.

El río Sapo, además de ser un área natural protegida, donde conviven especies casi extintas como el coyote y el puma, según el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), da de comer a cerca de 85 familias que viven de la pesca artesanal, la siembra de hortalizas y frutas, así como del ecoturismo.

Este último rubro, que ha tenido un auge en los últimos dos años, según explica el alcalde Díaz, es uno de los argumentos de peso con el que los pobladores, alcaldía y la fundación PRODETUR, se oponen a este proyecto.

Pese a que la compañía asegura que el proyecto beneficiaría a familias de los municipios de Arambala, Jocoaitique, El Rosario, Torola y Perquín – alrededor de 80 mil personas que no cuentan con la suficiente potencia energética para que se puedan instalar fábricas u otro tipo de empresas-, Arambala entero señala que la mejor fuente de ingresos que puede reactivar la economía de este lugar es el ecoturismo. De hecho, PRODETUR y varias comunidades impulsan un plan para convertir la zona del Río Sapo en el referente del ecoturismo en el país (link).

La decisión de qué se hará o qué no se hará en este río, sin embargo, está en manos –según el alcalde-, del pueblo y del concejo de la comuna. Según Jorge Díaz, está en manos de la empresa y de su propietario, Jaime Alfaro.

Todos contra Jaime y ENECO

El pasado 13 de febrero, la empresa ENECO llegó a la zona del Río Sapo con maquinaria pesada y con una cuadrilla de trabajadores dispuestos a iniciar tala de árboles y la primera etapa de la represa Arambala. Los habitantes de las comunidades cercanas, sin embargo, impidieron que comenzara la primera fase de la construcción. Ese día, según explica José Villanueva, habitante del cantón Talchiga, ubicado en las cercanías del afluente del río, la consigna era “¡rodarán cabezas si no se van!”. La más asediada, según Villanueva, era la de Jaime Alfaro, el presidente de ENECO.

Un mes después, el 14 de marzo, 15 comunidades se reunieron a orillas del río Sapo en el Cantón Estancia, municipio de Cacaopera, para celebrar el “día de acción en contra de las represas”.

Según declaraciones hechas a los medios La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy (febrero 2004), Jaime Alfaro asegura que su empresa lo único que pretende es lograr un generación de 2.55 megavatios por hora. Su objetivo, pese a que la oferta de servicio eléctrico es mínima comparada con la demanda que tiene el país anualmente, que supera los 4.5 millones de megavatios/hora al año, según la SIGET, es hacer el mercado más competitivo, dar mejores precios y más electricidad al departamento de Morazán.

Según Jorge Díaz, el proyecto tiene cuatro años de estarse elaborando y se ha estimado que tendrá una inversión de por lo menos $3.2 millones, de los cuales ya se invirtieron recursos en los permisos correspondientes.

Alfaro ha sido el único, hasta la fecha, interesado en el proyecto. La obra sería construida en un terreno de su propiedad, en el municipio de Arambala, justo a la derecha del puente que pasa sobre el río cuando uno se conduce de Arambala hacia Joateca.

Comunica intentó contactar en repetidas ocasiones al presidente de ENECO, pero su asistente siempre aseguró que estaba fuera de San Salvador y que había delegado al gerente Díaz para hablar sobre el tema.

Y es Díaz, precisamente, quien asegura que “todo está en orden”, pese a haber escuchado ya los argumentos de un técnico del MARN –que prefiere el anonimato-, quien asegura que la represa podría provocar inundaciones en los cantones cercanos al río, como Talchiga, Cumaro , la Joya, Las Pilas y Cerro Pando.

“Se construirá una pila inmensa que en época de invierno puede rebalsar porque el caudal del río sobrepasa los cinco metros que tendría de altura esa pila”, explica la fuente.

Díaz, al respecto, asegura que el sistema que se ocupará en la represa no será el de una “pila”, sino el de un sistema llamado “a filo de agua”. “No se interviene en el nivel natural del río. Además, se harán descargas periódicas en un vertedero específico, en el caso de que el caudal aumente durante el invierno”.

Cuestión de tiempo

Se prevé que el proyecto en el río Sapo podría ser construido en un lapso de 30 meses, un período corto si se toma en cuenta que por lo general se necesitan 10 años para la construcción de una presa hidroeléctrica.

De acuerdo con la evaluación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) cuando otorgó el permiso para este proyecto, “una minicentral como la del río Sapo significa beneficios para los pobladores aledaños porque hay usuarios que demandan energía”. El representante de ENECO agrega, además, que generará, aunque poco, trabajo a las poblaciones aledañas mientras dure la construcción.

Pero los pobladores de Arambala no piensan de la misma manera. “Para comenzar, los trabajadores vienen de la capital y la empresa no nos ha hecho ninguna propuesta con la cual se nos pueda compensar por perder nuestras cosechas y terrenos”, dice Herminio Martínez, un agricultor del cantón Cerro Pando.

Matilde Vigil, de PRODETUR, señala que sería un error que la comuna de Arambala apruebe la construcción de la represa y no dé prioridad al ecoturismo. “Si usted se da cuenta, en todo Perkin, ese rubro ha cobrando auge y es el que motiva a cientos de turistas, nacionales y extranjeros. Esperemos a ver qué hace el alcalde de ARENA”, dice.

El alcalde Díaz, a la hora de responder si el proyecto será aprobado o no, responde: “Todavía no puedo dar respuesta porque no se ha discutido en el consejo. Lo que sí le puedo asegurar, en mi opinión personal, es que creo que esa presa no debe hacerse porque afectaría a toda la zona”.

“Aunque sea de ARENA, y si llego a recibir presiones políticas, como algunos dicen, quiero dejar claro que en una localidad quien manda es el Conejo Municipal y nadie más. Si el pueblo le dice al Consejo que no, pues no”, concluye.