Urge prueba científica en protección a testigos

Por Gabriela Gómez
Periodista

Claudia Hernández, coordinadora del área de comunicación, análisis y elaboración de propuestas del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), opinó sobre la Ley Especial para la protección de Víctimas y Testigos. Ella comentó que el IDHUCA fue el organismo impulsador de esta Ley y del Programa de Protección de Víctimas y Testigos. De igual manera explicó las fallas de dicho programa, en especial la falta de una profundización en la investigación científica dentro de los procesos penales, como una manera de garantizar seguridad a los testigos y víctimas.

Foto: Gabriela Gómez Claudia Hernández recalcó la importancia de sustituir la prueba testimonial por la científica para proteger a las víctimas y testigos.

¿Cómo surgió la Ley?

Durante la década de los 90s y el 2000 recopilamos una serie de casos que indicaban cierto nivel de peligrosidad para las personas que participan como testigos o como víctimas en procesos penales. Ya nos han matado testigos de los casos que hemos llevado. Hemos tenido que esconder gente. Toda esta serie de dificultades en el trabajo de proteger víctimas y, que estaban amenazadas por alguien, nos condujo a recopilar la información, analizarla y elaborar una propuesta. En el 2005, presentamos un proyecto de ley, porque es el Estado el que debe proteger la vida humana. El Código Procesal Penal establecía que las personas que estén bajo un nivel de amenaza y forman parte del proceso penal se les puede dar un policía protector o se les puede ocultar el nombre del expediente judicial, pero que no eran efectivas porque en ese marco fue que nos mataron gente.

¿Qué consideraron que debía tener el programa?

Debía ser integral, en el que participara varias instituciones del Estado. Debía tener cierto nivel de independencia, garantías de seguridad y mucho dinero, porque El Salvador tiene unas características propias: es un país chiquito. Yo puedo mover a una persona de Santa Ana a San Miguel e igual la van a matar. Este país no ofrece condiciones de seguridad.

La propuesta se la presentamos al Ministerio de Gobernación. Eso coincidió en un momento en que estaban matando a bastantes testigos, sobre todo porque la investigación criminal en El Salvador no se basa sobre la prueba científica sino en la prueba testimonial. Ello provoca que la mayoría de casos estén sustentados por el dicho de una persona y, en las condiciones de violencia salvadoreña, ocasiona mayor presión para la ciudadanía que colabora. Incluso a veces el imputado está detenido, pero llegan los familiares de él a amenazar a la casa del testigo. Al final, el Secretario Técnico Jurídico de la presidencia reelaboró la propuesta y surgió el programa que tenemos.

¿Cómo evalúa el programa?

No estamos satisfechos con este programa. Sí reconocemos que ya es un paso el hecho que exista una ley. Para nosotros, el primer paso para proteger a las víctimas es trabajar la prueba científica. Dejar de depender de la gente, ya que eso las pone en riesgo. Esa variable no ha cambiado.

Se crearon medidas ordinarias y extraordinarias. Muchas deéstas no son aplicables todavía porque no se ha desarrollado esa legislación. Es decir, existe la ley para cambiarle el nombre a la gente pero todavía no se ha creado el mecanismo para ello. Estamos a casi un año y medio de haber creado el programa y eso sigue igual. Por otra parte, se ha avanzado en la firma de un Convenio Centroamericano, que incluye una cooperación en el marco de casos penales en virtud del cual algunos países de Centro América estarían intercambiando testigos. Sin embargo, todavía no se está sacando a la gente del país. El nivel de la ley se aplica en quitar el nombre del expediente.

¿Qué hay de la autonomía del programa?

No estábamos de acuerdo con que el programa estuviese controlado por el Ministerio de Justicia. Es financiado por el presupuesto de este ministerio. El director del programa (Mauricio Rodríguez) dice que esa es una ventaja porque él cada vez que necesita dinero, pide un refuerzo e inmediatamente lo tiene. El problema es que hay un manejo político en la resolución de casos. El gobierno está empeñado en demostrar que es eficaz en la aplicación de la seguridad y, por eso, insiste en la protección de testigos como única prueba en los procesos. Mientras no se entienda que no es por ahí que se debe trabajar la protección de la gente no se puede avanzar en la construcción real del programa

¿La gente le tiene confianza al Programa de Protección a Testigos?

Nosotros hemos identificado en los casos, que la gente no quiere ni confía en el programa. O sea que tenemos un programa que no funciona bien pero tenemos uno. Pero a la vez tenemos gente que necesita ese programa y se niega, con justa razón, a entrar. Uno porque al estar adentro es igual de vulnerable, y dos porque saben que no tienen el 100 por ciento de garantías de seguridad. Y tres que no confían en que se resuelvan los casos. Pareciera que la única forma en que un testigo pueda protegerse es la salida del país. Y eso plantea una situación difícil porque ya es migración forzada.

¿Se ha filtrado información de los testigos durante este programa?

No hemos tenido información de casos donde se filtren datos todavía. Hace poco se lo preguntamos al director del programa y nos dijo que no se había registrado eso.

Tienen unas casas de seguridad que funcionan como albergue. El problema radica en que las personas que se encuentran bajo esta protección están privadas de libertad. Las meten en las casas y no pueden salir por razones de seguridad; y ahí hay niños que no pueden salir a la escuela, porque si salen los pueden identificar y los pueden asesinar. Al final de cuentas, esto se vuelve un círculo vicioso que no resolvió el problema. Hace falta mucho por trabajar y el primer paso es dejar de usar a los testigos como única prueba para los casos.

¿Desde la aplicación de este programa ha habido algún asesinato de testigo?

Solo una persona se ha asesinado. Pero es una persona que renunció al programa. Nuestros casos de testigos asesinados son personas que no han estado dentro del programa. Que no quiere ir al programa.

¿Han pensado en pedir una reforma a la Ley?