UNICEF impulsa proyecto de reforma de ley

Por Olga Gómez
Periodista

UNICEF trabaja para que el proyecto de Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia sea aprobado por la Asamblea Legislativa a corto plazo.

Foto: Olga Gómez Los niños tienen derecho al sano esparcimiento y a una vida digna, entre otros.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) junto con la Comisión de Familia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están en negociaciones para que una Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia (LEPINA) sea ratificada en los próximos meses por la Asamblea Legislativa, antes de que termine su período. "Estamos agilizando el proceso para que se apruebe lo antes posible", afirmó Roberto Carranza, asistente de la Comisión de la Familia de la Corte.

La propuesta de ley refleja la necesidad de contar con un marco jurídico, una institucionalidad y con una población conocedora sobre los derechos de la niñez, para proteger al más del 42% de la población total del país (según datos de censos del El Salvador).

"El Gobierno tiene una tarea pendiente con el Comité de los Derechos del Niño, pero sobre todo con los niños salvadoreños", dijo María Teresa de Mejía, oficial de proyectos de UNICEF, quien aclaró que los puntos más importantes son que esta adecuación de la Convención al marco jurídico de El Salvador implica sustituir la visión que se tiene de niño como objeto de derecho, lo que significa que estos son titulares de derechos, y abolir la cultura adultocéntrica, es decir que los menores tienen que hacer lo que los padres digan.

El proyecto de LEPINA crea la red de atención compartida, integrada por el Instituto Salvadoreño de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (ISNA), que será el encargado de coordinarla. Dentro de las nuevas funciones que se le darían al ISNA, según de Mejía, está la de promoción de derechos de la niñez a nivel nacional y especializarse en programas de atención. Este proyecto le da personería jurídica a algunas instituciones que velan por los derechos de los niños y pasan a formar parte de la red de atención compartida.

"Por otro lado, define los derechos que ostenta la Convención sobre los Derechos del Niño y establece los mecanismos y procedimientos para delegar responsabilidades, roles, funciones, tareas y presupuestos para la defensa de los derechos a nivel nacional y local. Además hace una combinación de responsabilidades entre familia, comunidad y Estado", agregó.

En resumen, el proyecto lo que propone es crear un sistema de protección para el cumplimiento de los derechos, da funciones definidas y determinadas a cada uno de los entes que conforman el sistema de protección, aparte de establecer líneas de articulación y coordinación entre los diferentes actores (instituciones privadas, públicas y locales) con el Órgano Ejecutivo y Judicial.

La niñez se beneficiaría en todos los aspectos, pues se eliminaría la mayoría de procesos burocráticos para la atención de ésta y habría locales de atención inmediata en los distintos departamentos, para que los problemas se resuelvan en el lugar; además crearía políticas públicas.

"Actualmente hay tres mil niños internos por protección (abandono, embarazos no deseados, entre otros), pero infractores por delitos hay menos de 400; el internamiento se considera un tipo de privación de libertad, lo que trae problemas psicológicos a los menores", enfatizó de Mejía.

Trabajo en conjunto

Las instituciones involucradas en este proyecto son la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), donde están los titulares de la Corte Suprema de Justicia. Además está el Fiscal General de la República, Felix Garrid Safie y el Procurador General de la República, Gregorio Sánchez Trejo.

Asimismo, la Comisión de Familia de la CSJ, que está integrada por José Arcadio Sánchez Valencia, presidente de ASADEFAM; Evelyn Roxana Núñez Franco, magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo; Mario Francisco Valdivieso Castaneda, magistrado de la Sala de lo Civil de la CSJ; Rosa María Fortín Huezo, magistrada de la Sala de lo Penal; Miguel Alberto Trejo Escobar, magistrado de la Sala del lo Penal de la CSJ, quienes realizaron a finales de abril un taller sobre los aspectos procesales de la ley donde se establecieron procedimientos ágiles operativos que no sean obstáculos para que los niños y adolescentes puedan gozar de los derechos que les otorgará la ley.

Según el asistente de la Comisión, Roberto Carranza, todavía no se han hecho todas las observaciones del proyecto de ley, pero están en un "proceso de análisis de propuestas, y así captar criterios de jueces y magistrados", para aprobar en el menor tiempo posible la LEPINA.