Activación de celulares robados continúa pese a nueva ley

Sandra Carolina Arévalo
Redacción

“Son unas cajitas especiales que se conectan al mismo tiempo a la computadora y al celular, y en cuestión de segundos el e-mail se borra y ya puede ser usado el celular como cualquier otro legal”, comenta un activador de celulares ilegales que no quiso ser identificado por temor a represalias.

Estos activadores, mejor conocidos como “coyotes”, aseguran estar preparados desde hace mucho tiempo para contrarrestar la nueva ley y cuentan con un software que les permite eliminar el código de identificación que posee cada celular, que ellos llaman “e-mail”. Este software tiene la apariencia de una caja redonda y ya viene programado para ingresar al sistema del teléfono.

Este programa de decodificación de los móviles ya se estaba usando en los mercados ilegales del país y con esta nueva ley, más que afectarlos, los beneficia económicamente, aseguran. “El enano”, un coyote, dice que sus honorarios serán mucho más elevados. “Antes era ilegal, pero ahora se vuelve más ilegal activar estos celulares. Entonces, se va a cobrar más, aunque se haga el mismo trabajo, porque a la gente le vamos a decir que el procedimiento es más yuca”, enfatizó.

Desde el momento en que se desactiva el celular, este deja de ser identificado por las compañías de teléfono, al no aparecer registrado en sus archivos. Al móvil se le introduce manualmente otro código, que es escogido al azar, y un nuevo chip. Este celular modificado puede ser utilizado sin temor a recibir un mensaje notificándole que su móvil va a ser desconectado.

“El único problema que puede pasar en la nueva codificación es que el nuevo e-mail ya exista, o sea, que de casualidad le peguemos a uno ya asignado. Ahí se tiene que volver a decodificar, y el otro que es celular (legal), que tiene el mismo código también se desconecta”, agrega “El enano”.

Para cada tipo de celular existe una caja diferente. En el caso de los aparatos marca Motorola, el programa que realiza esta decodificación se llama P2K y solo puede ser utilizado para este tipo de teléfonos.

Ley antirrobos

La Comisión de Telecomunicaciones de Centroamérica (COMTELCA), por medio de la iniciativa presentada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), crearon una ley con el objetivo de contrarrestar y erradicar el robo de celulares en El Salvador.

En esa reunión, los representantes de cada país se comprometieron a crear un banco de datos que permita un fácil acceso de los reportes de robo de los aparatos móviles. Esto con el fin de compartirla entre las entidades reguladoras de los diferentes países centroamericanos para evitar que estos sean activados en otro país de la región.

Para lograr este objetivo, en el país se ha establecido una alianza entre la SIGET, las compañías de teléfonos celulares, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC).

Jorge Nieto, superintendente de la SIGET, instó en el programa “La entrevista”, el pasado 3 de abril, que las demás empresas de telefonía (con excepción de Digicel) adquieran un software que cuesta 300 mil dólares. Según Nieto, eso contribuiría de forma automática a que no se pueda tener acceso a la activación de teléfonos robados. “Hay empresas operadoras que tienen la responsabilidad social de implementar y de comprarlo”, aseveró el funcionario.

Casi un robo por hora

Estadísticas oficiales de la PNC revelan que hay un reporte de al menos 18 teléfonos celulares robados al día. En los últimos tres meses se han registrado ocho mil robos. De la cifra de teléfonos robados diariamente, solo se ve reflejado un 10% en las denuncias hechas.

Muchos de los afectados, que pertenecerían al 90% de los casos no reportados, según la PNC, prefieren no hacer trámites porque piensan que es una pérdida de tiempo. Rogelio Miranda, una víctima de robo, asegura: “Prefiero comprarme un celular nuevo y no perder mi tiempo, porque al final ni siquiera lo voy a recuperar”.

En lo que va del año se han reportado 27 mil 698 casos de aparatos robados en diversas situaciones y las empresas solo han procedido a la desactivación definitiva de 3 mil 253 teléfonos. No obstante, solo se han hecho evidente, en el pasado mes de marzo, 12 detenciones en flagrancia.