Una ley ¿segura? para testigos

Walter López
Periodista

La Ley de Protección a Testigos posee tres problemas que obstaculizan su ejecución y que la hace insegura: la falta de presupuesto, de organización interna y la ausencia de una legislación con otras instituciones.

Foto: Archivo IDHUCA Propuesta. Benjamín Cuellar y Claudia Hernández durante la propuesta que formuló el IDHUCA para la Ley de Protección a Testigos.

El Programa de Protección a Víctimas y Testigos, para muchos jueces y abogados, tiene muchos vacíos que, hasta cierto punto, la lleva a ser una ley inconstitucional. Henry Campos, abogado y catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana, explica que el problema de esta ley radica en quien la maneja: “no son jueces los que controlan la protección a los testigos ni la Fiscalía, sino una institución aparte”.

Según la Constitución de la República de El Salvador, corresponde a la Fiscalía manejar y controlar esta reforma. Esta ley, luego de su aprobación, quedó a cargo de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea y puesta en marcha por la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos, entidad que forma parte de la Unidad Técnica Ejecutora del Sector Justicia (UTE).

El verdadero defecto de esta ley radica en tres puntos específicos, según concluyó Campos, “no se cuenta con presupuesto para mantenerla, no se ha realizado una verdadera organización o gestión y no se tuvo una previsibilidad sobre ésta”. Claudia Hernández (Investigadora de la Oficina de Investigación, Sistematización y Propuesta del IDHUCA), también apoya esta idea, “se observa un déficit en esta ley, que es explicable por la falta de presupuesto. Además, el gobierno no ha revisado cómo va a hacer convenios afuera del país ni los ha hecho dentro”.

Un ejemplo claro de los problemas que tiene esta ley es que en esta reforma se aprueba el cambio de identidad, pero no se ha reformado la ley del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN). También, se contempla el extraditar a los testigos a otros países, pero no se ha hecho convenios con instituciones afuera del país.

Este programa surgió de una recomendación hecha por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), en 2005, y aprobado por la Asamblea Legislativa hasta finales del 2006. Según Benjamín Cuellar, en una entrevista realizada en junio de 2005 para la propuesta de esta ley, el IDHUCA buscaba elaborar un estudio acerca de los elementos mínimos que debe contener un programa integral de protección a testigos, víctimas, peritos y demás personas que se encuentran en situación de riesgo por colaborar con la justicia.

“La tardanza fue un problema político”

Luego de su propuesta, el gobierno inició su gestión por la aprobación de esta ley. En el marco donde aún se estaba eligiendo al Fiscal General, de nuevo, quedó de manifiesto la mala organización para una pronta aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Para Hernández, la tardanza fue un problema político: “la ley llegó a la Asamblea y estaba lista para su aprobación en julio (2006), pero no se discutía porque los partidos estaban armando y discutiendo un combo de aprobaciones”.

A pesar de todo, el gobierno llegó a ponerse de acuerdo en la aprobación de esta ley hasta finales del 2006. Con la apertura del Ministerio de Seguridad, instancia separada del Ministerio de Gobernación, se logró echar a andar el proyecto. Para Porfirio Chica, Asesor de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, el contexto de violencia por el que pasa nuestro país obligó al gobierno a tomar medidas drásticas y necesarias para velar por la protección de las personas.

Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Seguridad revelan que con esta ley se ha logrado apoyar y proteger a algunos de los testigos en los casos judiciales. Según Chica, “en el año 2005 asesinaron a más de 27 testigos cuando aún no se contemplaba la ley, en el año 2006 bajó la cantidad y todavía se estaba gestionando, pero ya en este año, con la aprobación de la ley, no se tiene cifras de testigos asesinados”.

Según un pequeño sondeo, la mayoría de personas la toma como positiva, pero también la ve como una ley que no está del todo completa y que puede generar riesgos para los testigos si no se realiza bien. En general, habrá que esperar que las estadísticas confirmen el discurso oficial, o bien, digan cuál es el presente y futuro al que se dirige y se enfrenta esta ley con sus problemas, que hasta cierto punto, no hacen más que traer inseguridad para los testigos.