No hay ley que regule el uso irresponsable del 911

Jacqueline Lazo
Periodista

El uso irresponsable del sistema 911 está dando serios problemas a las autoridades policiales.

Foto: Jacqueline Lazo El sistema 911 cuenta con un equipo de 400 agentes y doce telefonistas que trabajan las 24 horas.

Las reformas del Artículo 304, del Código Penal, están dirigidas a “simulación de delitos” y no al uso irresponsable del Sistema 911, aseguró el Inspector Alex Lemus, Jefe de Cabinas del Despacho Asistido por Computadora (DAC), de la Policía Nacional Civil (PNC).

No hay leyes que penalicen o multen a los “bromistas”, dijo el inspector Lemus, porque los términos legales que se aplican son diferentes. Una llamada falsa –según el funcionario policial— es aquella que alerta de un acto delictivo inexistente, mientras que el uso irresponsable que hacen los usuarios del sistema 911 consiste en llamar sólo para hacer bromas o agredir verbalmente a los telefonistas.

“Es una lástima que no se cuente con medidas que regulen el buen uso del 911”, añadió el inspector Lemus. Si se regulara o existiera una normativa para el uso del sistema, disminuirían las llamadas que no son de utilidad para la ciudadanía. Los costos de la irresponsabilidad son elevados: la inversión diaria por parte del gobierno en el uso de 911 asciende a aproximadamente 22,500 dólares, es decir, que por cada llamada, sea real o no la denuncia, se gastan diariamente en promedio 15 dólares. Para hacerse una idea más precisa de la magnitud del problema, hay que decir que en el DAC se reciben diariamente unas 1,500 llamadas, de las cuales el 85 % son falsas o de uso irresponsable.

Una de las medidas que se ha tomado en el 911 para evitar las llamadas irresponsables consiste en bajar de categoría los números que tienen más de 75 emergencias al mes, ya que, para el inspector Lemus, es imposible que una sola persona tenga tantas emergencias en tan corto tiempo.

Distinto es el caso de las llamadas falsas. En efecto, según Carlos Argueta, Director de la Unidad Jurídica de la PNC, las llamadas falsas sí son penalizadas, a partir del Artículo 27 de la nueva Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. En la interpretación de Argueta, de acuerdo a la ley recién aprobada, será penalizada aquella persona que realice llamadas falsas para proferir amenazas contra instituciones públicas o privadas; en este caso, la sanción iría de los 10 a los 15 años de prisión (sea no real la amenaza).

Tanto Lemus como Argueta coinciden en que se debería regular el uso del 911 con un cobro mensual en el recibo telefónico para el mantenimiento del 911 o con el pago del costo de una llamada normal para las personas que hacen mal uso del sistema.