Seguridad pública, el déficit de Saca

Por: Gabriela Lam
Periodista

A tres años de gobierno del presidente Saca, expertos opinan que su discurso en cuanto a seguridad pública ha evolucionado; pero la población evaluó negativamente su acción contra la delincuencia.

Foto: Gabriela Lam La última encuesta presentada por el IUDOP demostró la preocupación de la población salvadoreña por la delincuencia en el país.

El recuento se inicia con el Plan Super Mano Dura; pasando por el agregado a este, el Plan Mano Amiga; y la llegada de Rodrigo Ávila a la PNC, quien vendría a reestructurar y fortalecer la corporación; hasta la ley Antiterrorismo en una etapa de la historia de El Salvador con índices de criminalidad en aumento y descontento en la población, como lo indican las últimas encuestas.

La gestión del presidente Saca, que cumple tres años en el poder el 1 de junio, comenzó a ser evaluada por políticos, académicos y diferentes encuestas.

Janeth Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), señaló: “Después de haber venido de una estabilización hacia finales de 2002, inicios de 2003, vemos que se genera un efecto paradójico: En vez de reducirse los niveles de la violencia asociadas a las pandillas en particular, se muestra, perfila o incrementan los niveles de violencia criminal”.

Además, destacó la manera en cómo el discurso se centró en enfocar el problema de las pandillas. “Cuando impulsan una estrategia gubernamental que incide a erradicar a estos grupos, lo que tenemos es un agravamiento de la violencia”, agregó.

El Plan Super Mano Dura fue para la gestión Saca la continuación del Plan Mano Dura iniciado a finales del período presidencial de Francisco Flores. Entonces el discurso oficial, en lo que a delincuencia se refiere, se centró en las pandillas, según Janeth Aguilar. El objetivo del plan era controlar la proliferación del fenómeno, disminuir el crimen organizado y la delincuencia.

De acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Centros Penales, a la fecha hay 4,337 pandilleros tras las rejas. “Esto representa el 3% de la población penitenciaria”, indicó Alberto Uribe, del departamento de comunicaciones de la entidad carcelaria. De estos, 2,750 son miembros de la MS y el resto 1,587 se reparten entre la Mara 18, en casi su totalidad, y otras pandillas pequeñas como La Mirada Loca y la Mao.

Para Joaquín Aguilar, sociólogo y gestor organizacional de investigación social de mercados, el discurso oficial se ha ido intensificando. “De una mano superdura a una más dura, se pretendía, con la reforma de los códigos penales, que con la ley antiterrorista lograr controlar la delincuencia”, señaló y agregó que todo es parte de un plan conjunto que hay entre la Fuerza Armada y la Policía: “La idea es que las fuerzas del Ejército lleguen al lugar donde la PNC no llegue”.

Los índices de criminalidad han provocado que las empresas inviertan gran parte de su capital en seguridad para proteger sus bienes. Ante ello, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) presentó en 2006 el estudio “ Violencia y criminalidad en El Salvador: Obstáculo para el Desarrollo”. Las empresas de seguridad cobran tarifas que van desde los $270 hasta los $800 por vigilante, mensualmente y trabajando 24 horas diarias. Ante ello, FUSADES denunciaba los altos precios que tienen que pagar los empresarios para salvaguardar sus bienes.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador indicó el 29 de mayo pasado que el sector comercial del país invierte anualmente un promedio de $600 millones en recursos para su seguridad.

Complementando al dato, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe “Cuánto cuesta la violencia en El Salvador”, demostró que para 2003 los costos de la violencia para el país representaron el 11.5 del PIB.

Por su parte, José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), señaló: “ Existe una grave situación criminal, el cual es uno de los principales fracasos del Gobierno”.

La directora del IUDOP agregó que pese al efecto adverso que generaron las estrategias del Gobierno, este continúa con la campaña de seguir persiguiendo a determinados tipos de delincuentes, y señaló que no se enfocan en los problemas de nivel estructural.

Encuestas desfavorecen

La más reciente entrega de la encuesta del IUDOP que evalúa el tercer aniversario de gestión del presidente Saca, demuestra el descontento de los salvadoreños por la inseguridad de que sufren a diario.

El padre Tojeira afirmó: “Este informe nos presenta la realidad de un país dividido, un país preocupado por la situación de la economía y violencia”.

De igual modo, Janeth Aguilar explicó que en cuanto a divulgación de cifras, instituciones como la Policía y Medicina Legal no han proporcionado datos fidedignos. “La Policía ha querido centralizar fundamentalmente la oficialidad de las cifras, pero sabemos que las cifras de la Policía son deficientes (…) –el Ejecutivo– ha intentado influir en Medicina Legal buscado que no divulgue estas cifras”, denunció.

Los datos arrojados por el estudio del IUDOP no son alentadores. La población no está satisfecha con los planes del gobierno para contrarrestar la criminalidad y la violencia, y un 30.1% de los consultados consideró a este como uno de los principales retos para el próximo año de administración gubernamental.

En comparación con el primer año de gobierno de Saca, los ciudadanos identificaron cambios negativos en el país. Las estadísticas: 37.9% del primer año, frente al 47.1% registrado para el tercer período.