Polémica en sector transporte por firma de contratos

Gabriel Labrador
Redacción

Ningún empresario de buses ha firmado, hasta hoy, los contratos de concesión ofrecidos por el viceministerio de Transporte, que permitirían a las unidades de transporte público explotar el servicio por diez años, aun no comienzan a firmarse, según testificaron fuentes del ministerio de Obras Públicas.

Gabriel Labrador Muchos usuarios del transporte público se ven obligados a utilizar unidades con más de 15 años de funcionamiento.

No obstante, el titular de Obras Públicas, David Gutiérrez, anunció, días atrás, que los protocolos comenzarían a suscribirse esta semana, con una afluencia de más de la mitad del total de buseros en el país. “El 70 por ciento de transportistas nos han dicho que están dispuestos a firmar este nuevo contrato”, aseguró Gutiérrez.

Estos contratos fueron anunciados desde enero pasado, cuando entró en vigencia el Decreto Legislativo 547, con el que se brinda 18 meses más de plazo a los transportistas para que renueven las unidades “viejas” -con más de 15 años de uso. Los 18 meses comenzaron a contar desde el 1 de enero pasado.

Para renovar dichos buses, los empresarios aducen que requieren financiamiento para poder comprar nuevas unidades. Por eso es que el viceministerio de Transporte les ha ofrecido créditos (ver recuadro) pero con la condicionante de que firmen, previamente, los contratos de concesión.

Versiones distintas

Detrás de esta dinámica de negociaciones, lo que ha salido a la luz no es, precisamente, la buena voluntad de las partes para sacar acuerdos de consenso y unánimes. Todo lo contrario: en especial cuando los dos principales actores en la problemática hablan lenguajes distintos.

Con la creación de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en 1995, el Ejecutivo quiso presionar más al sector transporte. El efecto ha sido todo lo contrario.

“Ningún gremio de la Coordinadora va a firmar los contratos de concesión. Ninguno, ninguno”, dijo Rodrigo Contreras Teos, vocero de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT), ente que aglutina a cerca del 80 por ciento de transportistas repartidos en diversos gremios de buseros, microbuseros y transporte de carga.

Algo anda mal. El porcentaje de buseros que, según el ministerio de Obras Públicas, ha aceptado firmar el contrato de concesión ronda el 70 por ciento. Pero la CNT aglutina el 80 por ciento de los buses (las más numerosas son AEAS y ATP), y su vocero ha recalcado que ninguno de sus gremios suscribirá los nuevos documentos. Alguien parece estar mintiendo sobre la postura que sostienen por la mayoría de las 1 mil 958 unidades que existen en el país .

De hecho, la Federación de Asociaciones de Cooperativas de Aprovisionamiento de Empresarios Transportistas Salvadoreños de RL (FECOATRANS), de microbuses, y que forma parte de la CNT, anunció que sí firmaría los contratos. Por lo que es falso que ninguna de las gremiales se abstendría de rubricar los tratados.

Ante ello, Contreras Teos no tarda en responder: “Sí, pero lo que FECOATRANS representa para la CNT no es ni siquiera el 1 por ciento del total”. Sí, pero algo es algo.

El vocero oficial de la Asociación de Transporte de Pasajeros (ATP), William Cáceres, dijo a este periódico que a FECOATRANS se le añaden “unas cuantas rutas” que firmarán los contratos, aunque no especificó cuántas son en total. Su gremio, añadió, no firmará ningún contrato mientras no se solucionan “diversos problemas actuales”.

“Lo que pedimos es un mayor análisis de la situación y del contrato. Pedimos soluciones para esto del combustible y para hechos como el que a los buseros que saquen de circulación, por andar unidades viejas, no los indemnicen”, externó Cáceres, no sin antes explicar que FECOATRANS accedió a firmar el nuevo contrato por haberlo hecho, anteriormente, durante la administración de Ricardo Yúdice, en 2002. “Ya es un compromiso que tienen con el gobierno”, aseguró el vocal de ATP.

Este periódico intentó conocer la postura de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), sin embargo, la asistente de su directivo, Genaro Ramírez, se limitó a decir que, en el momento, no había “ningún directivo a la disposición”.

Según la asistente del ministro de Obras Públicas, Xenia Romero, en efecto, los contratos aún no se están firmando .“Por lo pronto, estamos recolectando la documentación necesaria de los transportistas para poder proceder a la firma de los documentos”, explicó Romero.

La documentación solicitada está regida por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP): documentos de compra y venta del bus, Número de Identificación Tributaria (NIT), certificado de permiso, solvencia fiscal y la planilla del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El ministro de Obras Públicas aseguró que a diario mantiene reuniones con los diversos gremios de transporte del país. No obstante, ATP niega dicha afirmación. “No puede ser porque a esas reuniones no asiste nadie de la Coordinadora”, acotó Cáceres.

Según Cáceres, Obras Públicas está mintiendo en relación a la cantidad de buseros que atenderán el llamado a la firma de los contratos de concesión. “Lo hacen porque tienen serios problemas en el VMT”, concluyó.