"Van a destruir toda la finca El Espino"

Rossy Tejada
Redacción

El Salvador tuvo en su tiempo la segunda tierra más fértil del mundo: Zapotitán. Ahora es una de las naciones más deforestadas en el planeta, y la segunda más desértica en Latinoamérica. Se calcula que la cobertura forestal es de 11.6%; significa que por cada cien kilómetros, apenas doce tienen abundante follaje y especies animales para mantener en equilibro el medio ambiente. La situación, que ya es crítica, tiende a empeorar, con pocas esperanzas de revertir los estragos.

Foto Rossy Tejada

En San Salvador y La Libertad, la finca El Espino es un caso histórico de irrespeto a la Naturaleza y a las leyes de la República. El 30 de marzo, los concejales capitalinos aprobaron una petición de la constructora Roble para derribar centenares de árboles. La decisión tardó en efectuarse, porque los criterios al interior del concejo estaban divididos en cuanto a la interpretación de las ordenanzas municipales, más concretamente, respecto a su vigencia.

En el 2002, ante la misma solicitud de urbanización, redactaron el acuerdo 16, que tendría valor hasta que aprobaran la ordenanza municipal que regula poda y tala de árboles. En el período intermedio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), habían concedido su aval para proceder a la deforestación. El edicto que anularía el acuerdo se aprobó el 2004, y como la constructora reiterara su petición, el concejo inició las discusiones que terminaron en permitir deforestar la mayor fuente de mantos acuíferos de la capital.

El ingeniero Mauricio Sermeño, coordinador ejecutivo de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), y rector de la Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA), estuvo presente durante todo el proceso desde la solicitud. Ha seguido el caso de la finca durante años, y conoce detalles acerca de los protagonistas añejos: la familia Dueñas.

¿ Usted cree que hay ilegalidad en la tala de la finca ?

Sí. El procedimiento que se siguió fue bastante viciado, con actitudes hasta pseudo ecologistas de algunos concejales. Ellos argumentaban que la familia Dueñas –representada por Dueñas Hermanos y Compañía– ya tenía todos los permisos, y por eso la alcaldía no podía negarse. Nosotros les demostramos que sí podían decir no, porque el artículo 15 de la Ley Forestal da total autoridad al municipio para decidir sobre la tala de los árboles. Cambiaron su discurso argumentando que la solicitud había llegado en agosto del 2004 a la alcaldía municipal de San Salvador, y en ese momento no había ordenanza que regulara la tala. Entonces decidieron aplicar un acuerdo transitorio, que perdería vigencia cuando se aprobara la ordenanza que regula la tala. Dicha ordenanza se aprobó en noviembre del 2004, pero no puede ser retroactiva. En estas circunstancias, la decisión corresponde al municipio, representado por el concejo municipal. Entre el 14 y el 18 de marzo yo presenté una solicitud amparada por 480 firmas, en donde pedía que la decisión se pasara a un cabildo abierto para que fuera participativa de la mayor cantidad de personas en el municipio. No le dieron la más mínima importancia. Sometieron a votación la decisión en el concejo municipal, respecto a si permitían o no la tala, y (lo hicieron) estratégicamente. Calcularon que si votaban a favor, iban a quedar otros siete, incluido el alcalde, quien podría ordenar que no se talara. Cuando hay empate, la facultad para determinar es del alcalde. Para evitarlo, estos judas resolvieron votar dos a favor; los otros cinco se abstuvieron. Sucede que antes de la Semana Santa, el alcalde –también estratégicamente–sale del país. Deja como interino a Rodrigo Contreras Teos, quien es de los que más ha luchado para que se talen los árboles. Él somete otra vez a votación el caso de la finca El Espino. Acuerdan darle vigencia al acuerdo transitorio, lo pasan a la Comisión de Urbanismo, y allí aprueban la tala. Se lo dan después al jefe del distrito 3 y a él mismo lo contratan para que trabaje durante la Semana Santa recaudando impuestos municipales. Lunes y martes santo, lo presiona el abogado de la familia Dueñas y Contreras amenaza con despedirlo. La síndico Norma Guevara le manda una nota, diciendo que no haga caso de la disposición porque es ilegal. Por presión o lo que más pudiera ser, el jefe del distrito 3 da el permiso para talar. Guevara, la síndico, ha interpuesto una demanda ante la Fiscalía por la ilegalidad del acuerdo y del permiso de tala.

¿Qué otras amenazas se ciernen sobre la finca?

Para la finca El Espino lo más importante son los antecedentes que quedan. Ahorita está en el MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) una solicitud de impacto ambiental por parte del Club Campestre para extender su campo de golf. En estos días puede ir a consultarse. Así van a ir destruyendo toda la finca. Vienen más permisos, cerca de 200 manzanas a urbanizar. También quieren construir el Ministerio de Relaciones Exteriores allí: van a construir una calle de seis carriles de ancho, que se llama “Diego de Holguín”. El anillo periférico pasará por esa zona. Están haciendo pedazos la finca, y lo hacen contra de la voluntad de la población.

Cuando en el país los militares aplicaron la Ley de Reforma Agraria, en 1979, expropiaron muchos inmuebles a grandes terratenientes. La familia Dueñas tenía ese momento diez mil hectáreas de tierra repartidas en todo el país. El gobierno determinó quitarles la finca El Espino y darle los derechos a los habitantes, que se organizaron en una Cooperativa. En 1986, la familia Dueñas inició una serie de procesos jurídicos para recuperar la finca, a pesar que renunciaron a los tratos que les otorgaba la Reforma. Todos los pasos y argumentos que utilizaron eran ilegales, contra la ley, similar a esta última discusión en el concejo. Años después, el gobierno de Alfredo Cristiani compró a nombre del Estado la mitad de la finca, cuando por ley ya pertenecía a la población. En 1993, repartieron El Espino entre las alcaldías de Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Calderón Sol consiguió donaciones para construir el Parque de los Pericos, plan que aún sigue gestionándose entre ambas alcaldías. El último proyecto activo han sido los centros comerciales Las Cascadas, Multi Plaza, La Gran Vía y este proyecto de urbanización. Las ganancias de cualquier construcción en la zona se repartirá entre la familia, el grupo Roble y la constructora mexicana CARSO.

¿Por qué cree que tiene tanto valor esa zona para la urbanización?

A la gente le gusta vivir entre árboles, y por eso los engañan. Casi todos los urbanistas avisan que están lotificando, construyendo casas en lugares como “Bosques de Prusia” o “Pinares de Suiza” y dan mayor precio a la vivienda. Lo que venden al final es un desierto, porque después venden los árboles que talan. Hay árboles grandes, como el conacaste, que sólo por uno de ellos pueden sacar diez mil colones vendiendo la madera, según el tamaño. Allí está el otro negocio. Imagínese que en promedio fuera cinco mil colones el precio de cada árbol, y son 142 en El Espino. Serían 700 mil colones en esa zona sólo en la primera fase. Además está cerca de los nuevos centros comerciales y de colonias para ricos.

Primero se pidió al Ejecutivo que impidiera la ejecución del proyecto, pero allí hay grandes amigos de los Dueñas. Después se acudió a la Asamblea Legislativa para que revocara el acuerdo que daba a la familia 207 manzanas para urbanizar, pero tampoco hicieron nada. Se solicitó entonces a la Corte Suprema de Justicia y también ellos dictaminaron que se procediera a talar los árboles, urbanizar y hacer las calles. A las instancias internacionales no les importa. Mandamos una carta a la Corte Interamericana de Justicia, a la OEA, y ni siquiera nos han contestado. A Dios ya le pusimos candela. En Antiguo Cuscatlán ni humo sacaron para dar el permiso de la tala. ¿Qué se quiere que haga la gente? Aquí lo que se demuestra es que el sistema democrático representativo, el nuestro, no funciona para defender los intereses de la población. Se eligen funcionarios para representar los intereses del pueblo, pero una vez electos, lo menos que hacen es representar esos intereses. Nada más llenan sus bolsas con dinero, la población puede dar fe de esto. Como está la situación, no dudamos que les van a dar todos los permisos que quieran. La población aumenta, las necesidades aumentan, y el agua disminuye.