Cobrarán cuotas alimenticias a padres salvadoreños en Estados Unidos

Luis Alvarado
Redacción

Los padres que han descuidado la atención de sus hijos en El Salvador están por empezar a ser más controlados por la ley, aun cuando se encuentren en Estados Unidos. Hasta ahora, y mientras el tratado no sea ratificado por ambos países, los padres irresponsables residentes en la nación norteamericana se encuentran protegidos por las fronteras, ya que no existen mecanismo legales que le den validez a las demandas interpuestas en El Salvador.

Estos casos son más numerosos de lo que se puede pensar. De acuerdo con el recién reelecto Procurador General de la República (PGR), Gregorio Sánchez Trejo, la institución que él dirige tiene en el archivo por lo menos 25 mil demandas contra padres que se encuentran en Estados Unidos, y asegura que “ninguna de ellas prosperó porque los mecanismos para hacerlas efectivas no están establecidos entre las instituciones de ambos países”.

Eso es precisamente lo que cambiará cuando el tratado entre en vigor. En el texto se establece que las demandas contra padres que vivan en Estados Unidos se recibirán de la misma forma que todas las demás y que, una vez se establezca el lugar de residencia de los demandados, la Procuraduría enviará una notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministerio, a través de los consulados, se comunicará con el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos para que, por medio de la correspondiente oficina estatal de Protección a la Niñez, se notifique al padre que debe cumplir sus obligaciones con los hijos que dejó en El Salvador.

Con todo el rigor en ambos países

Fuentes de la embajada de Estados Unidos aseguraron que existen varias formas de obligar al demandado a pagar; por un lado, si se trata de un asalariado, se aplicaría un descuento a través de la planilla de la empresa para la que trabaja, un mecanismo muy similar al que se aplica en el país.

Por el contrario, si es trabajador independiente o eventual, podría haber repercusiones bancarias. Según comentó el Embajador de Estados Unidos en El Salvador, Hugh Douglas Barkley, podría incluso haber sanciones de tipo migratorio dependiendo del estatus del demandado. Por ejemplo, si está amparado al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) podría ser deportado porque “estaría violando una ley de los Estados Unidos” y eso inhabilita a cualquiera para seguir gozando de ese beneficio, aseguró el diplomático.

El acuerdo es recíproco, por lo que si algún ciudadano estadounidense viene a residir al país y descuida cualquier responsabilidad paternal, puede ser obligado a pagar de la misma forma.

La reserva del FMLN

Esta iniciativa proveniente desde el Ejecutivo tiene el apoyo automático de la fracción del partido oficial, ARENA. Por ello, la única oposición relevante entre los 84 diputados que conforman el Parlamento, en términos de aritmética legislativa, puede venir únicamente del FMLN. Su apoyo para este proyecto es indispensable para su aprobación, ya que sin los 32 votos efemelenistas no hay forma de llegar a los 56 necesarios para la ratificación de un convenio internacional.

La diputada del FMLN Enma Julia Fabián, quien es parte de la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez de la Asamblea Legislativa, aseguró que su partido aún no tiene una postura oficial. Esto, dijo, porque a pesar de que en repetidas ocasiones “hemos solicitado al canciller una copia del acuerdo, pero él nos dice que aún lo están revisando para que lo firme el presidente y por eso no nos lo puede dar”.

Sin embargo, la diputada aseguró que, por lo que ha sabido a través de los medios de comunicación, el FMLN objeta que la deportación sea un castigo para los que no pagan sus cuotas alimenticias porque “no resuelve el problema para los menores y deja a los padres sin su fuente de ingresos”.

La legisladora advirtió que el Frente solo dará sus votos si el tratado no incluye la deportación como un castigo para los que no paguen, o si se deja como un último recurso que debe ser ejecutado por autoridades estadounidenses. Otras fracciones, como el PDC y el PCN sí han expresado ya su respaldo al convenio.

La cancillería todavía no tiene una fecha estipulada para presentar el acuerdo a la Asamblea para que inicie el trámite de ratificación que lo convertirá en ley de la República.