“La delincuencia ha rebasado los límites de la capacidad de investigación de la policía”

Mariella Ortez
Redacción

Sydney Blanco es reconocido como uno de los jueces más críticos de las políticas del estado en el combate a la delincuencia y también uno de los más férreos defensores de la independencia judicial. Como miembro del Foro de Jueces Democráticos, una vez más arremete contra las posturas del Ejecutivo respecto del desempeño de los jueces, posturas que considera son, principalmente, propaganda.

¿Le parecen justificados los señalamientos que ha hecho el Ejecutivo en los últimos meses?

Habría que analizar cada uno de los casos, los análisis en materia judicial deben de ser muy técnicos, decir específicamente en qué ha fallado el juez, cuál fue la prueba que no se tomó en cuenta, si cumplió lo que manda la ley. Decir que los jueces fallan erróneamente es una apreciación muy vaga que no me merece un comentario serio.

¿Qué opina de la propuesta de quitarles a los jueces de paz la facultad de sobreseer a un imputado?

Me parece que es una propuesta cuyo único objetivo es retrasar decisiones, pero debo decir que en El Salvador no tenemos jueces legos, todos los jueces somos abogados y por lo tanto con igual capacidad para conocer los casos. Los jueces de paz no son menos que los jueces de instrucción o los jueces de cámaras, quitarles la capacidad de sobreseer lo considero una mala interpretación de sus facultades.

¿Qué consecuencia cree que podría tener esto?

Le voy a poner un caso, imagínese que una persona mata a otra en legítima defensa, la policía lo detiene y los remite al juez, porque es el juez el que va a reconocer la existencia de legítima defensa. Esta reforma implicaría que esta persona, que supuestamente mató defendiéndose, deberá permanecer mucho tiempo en prisión porque el juez de paz no puede sobreseer.

O imagínese un caso que no es extraño, una personas fue capturada y no tiene nada que ver con el delito que se está conociendo, significa que esta persona alargará su estancia en prisión por la limitación del juez de paz de no poder sobreseer.

Creo que tienen que verse las dos caras, no solo las resoluciones que no gustan, sino también casos como los que le he mencionado.

¿Qué es lo que le hace falta al sector justicia para volverse más efectivo?

Nosotros hemos insistido en la necesidad de fortalecer la investigación científica del delito. Esto pasa por tener digitalizada la información, del hallazgo de huellas, del hallazgo de casquillos que si no se tienen en la computadora no se pueden comparar.

La Policía no tiene las herramientas adecuadas para realizar una adecuada investigación. Vimos hace poco en un medio de comunicación un reportaje amplísimo sobre las condiciones precarias de los laboratorios de investigación científica del delito y las capacitaciones no son suficientes para los investigadores, y la relación entre la Policía y la Fiscalía sigue siendo deficiente.

¿Cree que la ola delincuencia ha sido provocada por un ambiente de impunidad en el país?

Claro, los delincuentes, a mi juicio, a la hora de delinquir no piensan ni en el delito, ni en la pena, sino que lo hacen dependiendo si creen que van a ser o no capturados. Y si ocurren, por ejemplo, 3,800 homicidios en un año, de los cuales, solo en el 10% se dan detenciones y de esas solo la mitad alcanza una condena. Esto implica que un poco menos de 200 personas son condenadas.

La delincuencia ha rebasado los límites de la capacidad de investigación de la Policía, entonces lo que hay que hacer es fortalecer a la Policía.

¿Cree que lo que hace falta son más reformas como las que presentó el pasado martes 27 de junio el Ministerio de Gobernación?

Todas estás reformas de leyes no han surtido efecto y no lo surtirán mientras permanezcan intactas las precarias condiciones de investigación. Y digo todas estás reformas porque a partir de la vigencia de los códigos de 1998 han existido cerca de 300 reformas en las que ya el código original ni se reconoce.

¿Entonces no sirven de nada las reformas?

En un país con tanta delincuencia y tanta desesperación que crece y se acumula a la gente hay que entretenerlos con algo, con muestras de que se está trabajando en eso, entonces las reformas legales son la forma más fácil.

Tiene un poco de contrasentido el argumento gubernamental porque siempre ha tenido los votos necesarios (en la Asamblea Legislativa) para hacer cualquier tipo de reforma, pero la reforma que no han hecho es a la investigación del delito.

¿Cuál es el aporte que usted considera que deben dar los jueces la lucha contra la delincuencia?

Probablemente los jueces tengamos la necesidad de profundizar en las capacitaciones. También podemos contribuir en juzgar más rápido, talvez más responsabilidad en cuanto al inicio de las audiencias, conceder iguales derechos a las víctimas y a los imputados, por ahí veo que se requiere mayor protagonismo de los jueces.

¿Comparte usted el fallo de la Corte Suprema que dice que no se violan lo derechos de un imputado al permitirle a un testigo presentar su testimonio con el rostro cubierto?

No he leído exactamente la sentencia, no sé si la ha pronunciado la sala de lo Penal o a la de lo Constitucional. La ley no faculta expresamente a que los testigos declaren en esas condiciones, sino que impone a todos la obligación de protegerlos en los casos concretos. Lo que quiero decir es que, dependiendo de los casos, los jueces podemos tomar más o menos las precauciones necesarias, si se trata de un caso muy complejo pues se intensificará las condiciones de protección.

La concesión a que los testigos declaren con el rostro cubierto tiene que ser la excepción, porque en la medida que vamos aceptando que todos los testigos quieren declarar en esas condiciones y se generaliza estaríamos cayendo en un momento muy peligroso.

¿Por qué?

Se podría llegar a la situación de un juzgamiento con pruebas anónimas y eso es muy riesgoso porque hay algo que la población no conoce, y es que la Policía ha utilizado a testigos criteriados (bajo el régimen del Criterio de Oportunidad) para que testifiquen en múltiples casos, bajo esas condiciones, con el rostro cubierto.

Esto para nosotros es peligroso en la medida en que la Policía actúe mal, presentando a testigos que en realidad no presenciaron los hechos. Y los jueces debemos de tener muchísimo cuidado de no dictar condenas injustas y por eso necesitamos tener la certeza absoluta de que se trata de un testigo real.

¿Pero los jueces no están también en la obligación de proteger a los testigos?

Si una persona se descubre el rostro por orden del juez, porque el juez tiene dudas, por ejemplo, acerca de la identidad del testigo o su veracidad, por igual, lo que ocurra después de la audiencia, si necesita protección, eso corre a cargo de la Policía.

Lo que quiero decir es que no se nos presente a los jueces como los malos que estamos descubriendo a los testigos para que luego los asesinen, lo obligación de protección le corresponde exclusivamente a la policía y no a los jueces.