Incrementan las demandas contra la PNC

Por Glenda Flores
Periodista

La Policía Nacional Civil (PNC) es la institución más denunciada por violaciones a los derechos humanos en El Salvador. De un total de 12,398 denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el 40%, del 2002 al 2006, corresponde a dicha entidad policial.

Foto: Glenda Flores En la incertidumbre se encuentra la familia Hernández al no tener posibilidades de reparar los daños hechos por la policía.

La situación se ha agravado año con año, según la PDDH. Las denuncias por violencia al derecho a la inviolabilidad de morada aparecen entre las más denunciadas, según el procurador adjunto de Derechos Civiles e Individuales, Gerardo Alegría.

Los allanamientos son parte del trabajo que realiza la PNC. Hay dos tipos de allanar: uno es con la autorización del juez respectivo, y el otro es ingresar a la casa sin autorización, en el caso de una persecución.

En los allanamientos que se realizan por la madrugada, por lo general se buscan delincuentes con alta peligrosidad, siempre con la autorización del juez. “Se llega golpeando la puerta. Es el factor sorpresa, no se le da tiempo al individuo para tomar alguna arma o escapar, solo se le da de tres a cinco minutos para que abra, y si no, se procede a botar la puerta”, dijo el subinspector policial José Ricardo Campos.

Cristina Isabel de Hernández, de 43 años, habitante del cantón El Manguito, municipio de Colón, experimentó la violencia con la que los agentes policiales allanaron su vivienda, el 31 de enero de este año.

“No decían quiénes eran, nada, solo golpeaban y golpeaban. Golpeaban la puerta exageradamente fuerte, entonces vino mi esposo y me dijo: ‘Cristy, hoy sí nos van a matar, nos quieren hacer daño’. Se ha levantado mi esposo, quiso detener la puerta con el sillón y preguntó: ‘¿Qué pasa, quiénes son y ellos le dijeron que eran la policía, que abriera la puerta, pero ya la habían tirado... Cuando ellos entraron preguntaban que dónde tenía la droga, las armas... y registraron”.

Según el subinspector Campos, los daños materiales que causan son reparados, pero solamente en aquellas casas para las que no había una orden que autorizara el allanamiento.

Aunque la policía porta una autorización judicial, muchas de estas no tienen mayores detalles, lo que constituye una práctica irregular. “Ellos con esa autorización le dicen a la gente: ‘Tenemos autorización’. La policía lo hace para ver qué encuentra, siempre la base de investigación es inconsistente, solo para ver si de suerte encuentran algo”, argumentó Alegría.

¿Orden judicial?

Para el Procurador adjunto, sí se viola un derecho constitucional y los jueces tienen la facultad para hacerlo. Ellos tienen que percatarse de todo lo que dice la investigación: “Pero la práctica es otra cosa, los jueces fácilmente autorizan todo lo que la Policía y la Fiscalía les manda, sinsiquiera percatarse de los elementos que hay para eso; tan es así que están autorizando allanamientos que no son precisos, donde van a realizarlos”.

Mientras el subinspector Campos afirmó: “La Fiscalía tiene que ver que aunque sea un día el individuo entró a esa casa. La información se le da completa al juez, se presenta croquis, fotografía, sí está relacionada la vivienda con el sujeto, con un 40% que se quede ahí”.

Pese a esto, Cristina de Hernández aseguró que su esposo fue confundido con otra persona, pues buscaban a Rafael García Crespín y su cónyuge se llama Rafael Hernández.

Foto: Glenda Flores La familia Hernández interpuso una denuncia ante la PDDH para que los daños hechos por la PNC sean reparados.

Me preguntó un agente: ‘¿Conoce usted a Rafael García Crespín?’, y yo le dije: ‘No, señor, no lo conocemos’, y me preguntaron por el nombre y por el documento de mi esposo. Cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado, preguntaban: ‘¿Dónde esconden a Rafael García Crespín?’, y le aseguré que nosotros no lo conocíamos... además dijeronque el investigador solo se había dejado guiar, y eso no debe de ser así, ellos debieron haber investigado bien quiénes somos mi esposo y yo”, afirmó de Hernández.

Según el delegado de la PDDH en Santa Tecla, Ulises Rivas, en el departamento de La Libertad han tenido cierta conciencia en los daños que la policía ha causado, pues han reparado las viviendas para las que no tenían autorización. Muchas de estas reparaciones se hicieron gracias a las denuncias.

Sin embargo, aún queda por solucionar. Ese es el caso de la familia Hernández, quienes fueron ultrajados y dañados en su propiedad, y aunque ya tienen tres meses solicitando que les reparen, pero hastala fecha nadie se ha hecho cargo del daño a sus dos puertas estropeadas.

“Dónde estaba el delincuente, los daños nos lo hicieron y ellos comprobaron que no somos delincuentes… el lunes les volví a llamar, hasta ganas de llorar me dan, así como está la situación económica nosotros no podemos reparar las puertas…y ahora hasta los vecinos nos dicen delincuentes”, concluyó Cristina de Hernández.