Casos de niñez desaparecida exigen la continuidad del DIH

Por Gabriela Vásquez
Periodista

El informe de la Comisión de la Verdadde las Naciones Unidas para El Salvador 1992-1993 documenta más de 5 mil casos de desapariciones forzosas, durante el conflicto armado. Dentro de la cifra, hay cientos de niñas y niños desaparecidos, muchos de los cuales aún no se han encontrado. Su no esclarecimiento constituye un atentado contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el cual sostiene en el Art. 26, del IV Convenio de Ginebra, que “cada parte en conflicto facilitará la búsqueda emprendida por losmiembros de familias dispersadas a causa de la guerra, para reanudar los contactos entre unos y otros y para reunirlas, si es posible…”.

Foto: Gabriela Vásquez Decenas de salvadoreños asistieron al taller de memoria histórica, realizado por Pro-búsqueda en el Parque Cuscatlán, el pasado 29 de marzo, fecha en que se conmemora el día de la niñez desaparecida.

En consecuencia, la resolución de estos casos permite darle continuidad al mismo en la actualidad, a pesar de que el DIH solo puede ser aplicado en tiempo de guerra.

Según el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de El Salvador, Nelson Vaquerano, se puede hacer valer el DIH todavía, a través de la víaPenal o Civil. “Lo que viene a sancionar el DIH es un hecho cometido durante su período de aplicabilidad, ello en efecto va a continuar en el tiempo”, sostuvo Vaquerano. Por consecuencia, es posible la continuidad del DIH.

Vaquerano explicó que existe una Jurisdicción Universal para casos de violaciones a las Convenciones de Ginebra,y es obligación de los Estados que ratificaron los Convenios, en Alemania, procesar a las personas que violaron el DIH, Art. 146 del IV Convenio de Ginebra de 1949.

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales son tratados internacionales que forman parte del DIH, un conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar las guerras y garantizan la protección de las personas.

Maura Contreras, civil que sobrevivió ala Masacre de la Conacastada en San Vicente, en el año 1982, fue separadade sus tres hijospor soldados de la Fuerza Armada, cuando estos realizaban la denominada “operación limpieza” en esa región. “Después de la Masacre, ellos ya iban cansados de matar, de violar, de quemar a los que habían matado y a nosotros nos querían capturar para torturarnos, no para protegernos”, expresó.

Foto: Gabriela Vásquez La Asociación Pro-búsqueda de niñas y niños desaparecidos tiene registrados 787 casos de niñas y niños desaparecidos, 323 personas localizadas y 464 personas desaparecías.

Gracias a la búsqueda constante de sus hijos,la ayuda de Pro-búsqueda y la Organización de Estados Americanos (OEA), Contreraspudo reencontrarse, en diciembre del año pasado, con su hija, que en el tiempo de la captura tenía cuatro años. Ella tiene la esperanza de encontrar a sus otros doshijos. Así como Maura cientos de madres están a la espera de que se resuelvan sus casos.

Por su parte, la abogada dela Asociación Pro-búsqueda de niñas y niños desaparecidos, Leonor Arteaga, opinó que se le puede dar seguimiento al DIH, porque “el Estado todavía se encuentra pendiente de diversas obligaciones en materiade Derechos Humanos. Una de ellas es esclarecer el paradero de las niñas y niños que fueron desaparecidos de manera forzosa, por agentes estatales y miembros de la guerrilla”. Es de subrayar que los tratados internacionales reconocen la desaparición forzada de memores como un delito de lesa humanidad (Art. 7 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional).

Además, Arteagaapuntó que, según los Convenios de Ginebra, es el Estado salvadoreño el encargado de investigar cualquier acción que haya constituido un delito, asimismo tiene el deber de proteger a los niños y niñas durante del conflicto armado y después de terminado. Sin embargo, el Estado no ha esclarecido los casos de los menores desaparecidos, porque se ampara en la Ley de Amnistía que exonera de acción Penal a ambos bandos beligerantes. De acuerdo al catedrático de Derecho Constitucionalde la Universidad de El Salvador, Carlos Cordero, ello se debe a la falta de voluntad política del Estado de hacer valer el DIH.

Entonces, instituciones como Pro-búsqueda, que no son garante del DIH, ejercen presión a las instituciones estatales para que hagan valer el mismo, y lo hacen mediante la denuncia de casos de desapariciones forzadas de niñas y niños.

Arteaga dijo que esta labor humanitaria que realiza Pro-búsqueda surge “ante la total ineficacia del Estado hasta la fecha”. Y es que el Gobierno no ha cumplido con su obligación de reunir a las “familias que esténdispersas a consecuencia de los conflictos armados”, tal como se enuncia en el Art. 74, del Protocolo I, y en el Art. 4, del Protocolo II, inciso 3 literal b: “se tomaran las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas”.