Las leyes de la desestabilización económica

Diego Murcia
Redacción

Con la aprobación de las leyes anti inmigrantes en Estados Unidos, la economía salvadoreña podría sufrir efectos negativos a largo plazo, que disminuirían el monto de las remesas familiares que entran al país de manera informal y que representan el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas para El Salvador, en 2005. Solo el año pasado, según el Banco Central de Reserva (BCR), se recibieron $2, 830.2 millones.

Foto: Diego Murcia La aprobación de las leyes anti inmigrantes significarán un duro golpe a la economía salvadoreña por la disminución de las remesas que recibe.

Con dichas leyes, algunas de las cuales ya están siendo aprobadas en ciertos estados norteamericanos, muchos de los derechos humanos que hasta ahora amparaban al indocumentado serían violados. Por ejemplo en Atlanta, en el estado de Georgia, la ley anti inmigrantes SB529, aprobada a mediados de abril de este año y que entrará en vigencia en julio de 2007, prohíbe que se le brinden servicios de salud a los indocumentados mayores de 18, y faculta a la policía a indagar sobre su estatus migratorio y darle trato de delincuente al ilegal.

La legislatura impulsada por congresistas republicanos y algunos demócratas provocaría deportaciones masivas, lo que a criterio de la periodista de la sección económica de La Prensa Gráfica, Claudia Contreras, incidiría en la cantidad de dinero que entre al país en concepto de remesas. “Hablamos de más de 1.5 millones de salvadoreños, entre legales e ilegales, así como los de primera generación nacidos en Estados Unidos”, explica.

Las remesas sirven como un soporte de equilibrio entre lo que se consume y lo que se gasta en el país: se importan verduras y artículos varios de consumo, y apenas se exporta mano de obra. Al aumentar las deportaciones, el dinero escaseará, habrá exceso de mano de obra —sobre todo en las localidades del interior del país— y escasez de plazas, debido a un nuevo estilo de vida que tendrían los que reciben dinero desde el extranjero. Por ejemplo, quienes ahora tienen a uno o más familiares en Estados Unidos han cedido sus trabajos agrícolas y ganaderos a nicaragüenses y hondureños, gracias a que ahora cuentan con cierto poder adquisitivo que antes no tenían, de manera que pueden vivir con más holgura, pagando para que otros hagan sus labores cortando caña, sembrando verduras, cuidando ganado, etc.

Para el representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), René Rivera, “el factor ‘costo de oportunidades' que les proporcionan las remesas hace que la gente prefiera ganar más colocando una tienda, o dedicándose a otras actividades, que trabajar más a cambio de un mal salario”.

Otro de los peligros económicos que supone la aprobación de estas leyes es el uso de un sistema financiero oficial en Estados Unidos, que restrinja y justifique la cantidad de dinero que puede entrar al país. Esto porque, según los economistas, las remesas son una posible fuente de lavado de dinero. Conteras lo explica con un ejemplo: “Hasta hoy, las personas que reciben dinero hacen uso de parientes o conocidos de confianza para traer dinero al país. Este dinero no es declarado ante (el Ministerio de) Hacienda, y cualquier persona que se dé a la tarea de lavar dinero podría justificar la posesión de fuertes sumas de dinero diciendo que estas son fruto de remesas venidas del exterior, y no habría cómo comprobar lo contrario”.

Por otro lado, las organizaciones civiles en pro de los indocumentados piden al gobierno norteamericano que regularice su estatus migratorio, lo que también sería contraproducente para el país, pues al tener sus papeles en regla, el o la indocumentada optaría por llevarse a su familia que hoy se beneficia de las remesas. Enviar dinero a El Salvador ya no tendría sentido.

La presidenta de la Defensoría al Consumidor, Evelyn de Lovo, ante este panorama, plantea la necesidad de invertir el dinero de las remesas en lugar de ocuparlo en gastos innecesarios y ostentosos, “para evitar ser dependientes directamente de este ingreso extra”, apunta.

Estas atenuantes deben ser un balde de agua fría para un Estado salvadoreño, que solo ha propiciado condiciones sociales y económicas que favorecen, sobretodo, al sector empresarial, mientras que el resto tiene salarios que, en la mayoría de los casos, no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica.

La modernidad de la que se ufana el gobierno no solo debe ser vista desde esqueléticos porcentajes de crecimiento económico. En 2005, por ejemplo, según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), mientras que el PIB de Costa Rica creció 4.2%; el de Guatemala, 3.2%; Honduras, 4.2%; Nicaragua, 4% y Panamá, 6%; El Salvador apenas logró un 2,5%.