Deuda política por las nubes

Por: Nelson Arévalo
Periodista

Para las elecciones de 2009, el costo de cada sufragio será: $3.73 para presidente, $2.22 para diputados y $1.66 para concejos municipales. Lo que significa que ARENA recibirá poco antes de la campaña $4,902,846.20 sólo para la presidencial mientras que el FMLN recibiría $3,030,695.80 por el mismo concepto.

Foto: Carlos Araujoll Los votos de los salvadoñeros para las próximas elecciones valdrán $7.65

Cada voto tiene un valor económico determinado. El valor en dólares, (antes en colones), depende del comportamiento de la economía salvadoreña. Factores como la inflación, el costo de la vida y otros son los que entran en juego.

De esta manera, la deuda política del Estado salvadoreño hacia los partidos políticos ha aumentado a razón del 10% anual desde 1989 hasta la fecha; lo que se traduce en un aumento global de más de un 300% destinado para financiar la campaña electoral de los institutos que se preparan para los próximos comicios.

El artículo No 210 de la Constitución de la República de El Salvador reconoce y autoriza la deuda política del Estado salvadoreño hacia los partidos políticos. Esta deuda, -según reza dicho artículo- será acorde a la inflación que sufra la economía y la tasa que determine el Banco Central de Reserva, sostiene el lic. José Antonio Hernández, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral.

“Esta es la única forma de financiación regulada que los partidos políticos tienen, debido a que el financiamiento privado queda a discreción de los padrinos y de los mismos institutos”, asegura el magistrado Hernández al consultarle al respecto. El monto total de la deuda política depende del número de votos conseguidos por los diferentes partidos participantes en el evento electoral anterior.

El valor económico del voto para las elecciones presidenciales de 1989 era de 10 colones, para diputados de 6 y para concejos municipales de 4 colones, tasas autorizadas desde 1988 y reflejadas en el artículo No 137 Código Electoral de entonces cuando estaba en funciones el extinto Concejo Central de Elecciones. A partir de entonces la tendencia ha ido en aumento.

Ante tal situación, es difícil que cambie el rostro o el escenario para los salvadoreños debido a que para lograr una reforma que cambie, regule más o elimine tal decreto constitucional tendría que salir una propuesta del seno de la Asamblea Legislativa, mismo Órgano del Estado que es gobernada por los partidos políticos y a quienes no les conviene revertir esta situación.

Los partidos pequeños

La historia cambia para los partidos pequeños ya que la cantidad de la deuda política se reduce drásticamente; el PCN recibirá $230, 443.13 como sostén para montar su campaña presidencial, y el PDC y Cambio Democrático (anteriormente llamado Centro Democrático Unido) recibirán en conjunto: $ 330, 98.01, por haber participado en Coalición, lo que al final se reduce aún más.

En total, en concepto de deuda política para los partidos de cara a las elecciones del 2009, -sólo para la campaña presidencial-, suma la cantidad de $8,494,974.20 por un total de 2,277,473 de votos válidos según datos del Tribunal Supremo Electoral. Vale la pena mencionar que este dinero sale directamente de las arcas del Estado y va incluido en el Presupuesto del Ministerio de Hacienda para los años electorales.

Los Primerizos

Partidos nuevos como Fraternidad Patriótica (en proceso de formación y con probabilidades de competir en el 2009), tiene derecho también a parte de la deuda política del Estado salvadoreño: “Para esos casos, la ley le permite acceder a un anticipo de la deuda de $58, 000 que es igual al 3% de votos que exige la ley para asegurar la continuidad de un partido” asegura el magistrado Hernández.

Los Morosos

“Cuando un partido político no tiene los votos suficientes para seguir compitiendo en elecciones venideras, los responsables de las instituciones deberían liquidar el dinero que el Estado les ha dado en concepto de anticipo (los $58,000), porque es lo equivalente al 3% de votos válidos necesarios que la ley exige”, afirma Hernández.